Tribunal Constitucional · página 78

El resultado práctico de la aplicación de los artículos objetados es que una decisión exclusiva del Ministerio Público determinaría que el ofendido por un delito no puede ejercer el derecho de accionar penalmente y requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos.

La falta de una notificación que permita al demandado tener conocimiento de la demanda y ejercer su derecho a defensa, invalida el proceso v afecta gravemente el derecho a la defensa y a un debido proceso.

La sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad.

Concurre la causal de inadmisibilidad de falta de fundamento plausible.

El Ministerio Público impide por su sola voluntad que la víctima y querellante continúen con la acción penal ante la judicatura, afectando el derecho fundamental a la tutela judicial, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.

La gestión pendiente incide en un proceso laboral, en el que una académica demandó por vulneración de garantías fundamentales a la Universidad requirente, en virtud de que habría avalado un trato arbitrario hacia ella, fundado en sus opiniones políticas y personales.

Este bono no les fue pagado en razón de que los trabajadores denunciantes contaban con más de 180 días de licencia médica a la fecha del pago del referido bono.

La Municipalidad de Calera de Tango impugna el dictamen de Contraloría que acogió el reclamo de ilegalidad presentado en contra del Decreto Alcaldicio, que sanciona con la medida disciplinaria de destitución a una exfuncionaria municipal, por haber infringido el principio de probidad administrativa.

La Universidad alega que el precepto impugnado infringiría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que se ha visto en la necesidad de teletrabajar. Es decir, no ha decidido incorporar en forma permanente el teletrabajo en su modelo organizacional, que es el supuesto esencial a toda la regulación del teletrabajo.

Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.

Cuando un sujeto desconoce si puede o no ser infractor de la Ley de Seguridad del Estado (lo cual reviste singular gravedad atendida la amplia penalidad), no es posible afirmar que tal preceptiva cumpla con la exigencia de la previsibilidad, de que la conducta esté completamente descrita en la ley.

Ni la parte demandante, una institución previsional que por ley debe proceder respecto de los cobros de cotizaciones previsionales de manera diligente, ni el Juez del Proceso, que debe cumplir con un mandato legal, realizaron gestión alguna durante más de 3 años.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Resulta un derecho fundamental de las partes en un procedimiento, que las resoluciones dictadas puedan ser revisadas por el superior jerárquico, más aún si de estas resoluciones se desprenden sanciones tan gravosas como la que funda este requerimiento.

Se infringiría el artículo 13 de la Constitución que consagra el derecho a optar a cargos de elección popular, y el derecho de admisión a todas las funciones y empleos públicos.

La aplicación del artículo objetado establece una diferencia arbitraria, injusta e irracional, entre la situación del ejecutado en sede civil y el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral.

En la gestión pendiente, el CNTV multó a una empresa por exhibir película de terror no apta para menores de edad en horario protegido.

Se alega que infringe la igualdad ante la ley, específicamente, el principio de proporcionalidad, pues la multa que se impuso al Canal en aplicación de la norma objetada no contempla criterios objetivos, reproducibles y verificables para estimarla proporcional y razonable.

La resolución del recurso de protección tendrá un impacto para la empresa requirente, actual titular de una concesión de acuicultura.

La aplicación del precepto impugnado resulta absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros, que no se funda en ningún motivo razonable y que hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.

Durante la pandemia, en otras sedes jurisdiccionales se han logrado desarrollar sendas audiencias, tales como juicios simplificados y orales, en especial en todos aquellos casos en que existen afectaciones a derechos fundamentales de algunos de los intervinientes.

Al cerrar la investigación y decidir no perseverar sin formalización, el querellante no puede seguir interviniendo en el procedimiento penal, ya que, en la práctica, una vez ejercida la decisión de no perseverar sin formalización, se le impide el derecho a acusar.

La denuncia de SERNAPESCA no cumplió con el estándar de inspección y la necesaria comprobación de la infracción administrativa que le es exigible y en base a ella se lo sancionó con una multa.

Precepto legal impugnado infringiría el derecho al recurso, toda vez que se le impide a la Municipalidad recurrir ante un Tribunal superior.

Concurre la causal de inadmisibilidad por falta de fundamento plausible.

Se vulnera el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, pues la entrega de la información solicitada afecta directamente los derechos de carácter comercial o económico de la pesquera.

El Pleno del Tribunal se pronunciará en control preventivo y obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Preceptos legales impugnados no se establecen criterios, parámetros, ni principios, que permitan determinar el quantum de la multa a aplicar en un caso concreto ajustándose a criterios de proporcionalidad.