Regularización de bienes raíces.

Norma que presume el actuar doloso del interesado que ha reconocido dominio ajeno de la propiedad cuyo dominio pretende regularizar, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

El requirente estima que la norma impugnada transgrede el principio de presunción de inocencia y su garantía constitucional a un debido proceso.