Requerimiento respecto de norma que impide a los órganos de la Administración del Estado reclamar contra resoluciones del Consejo para la Transparencia, se declara admisible por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y confirió traslado al Consejo para la Transparencia (CPLT) para que se pronuncie sobre el fondo de la impugnación.

La gestión judicial pendiente en que incide el requerimiento de inaplicabilidad es un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Superintendencia de Salud, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de CPLT que acogió un amparo de acceso a información y le ordenó a la Superintendencia proporcionar los antecedentes e información solicitada por un particular.

El reclamo de ilegalidad fue declarado admisible por la Corte de Santiago, pero al evacuar el traslado conferido el CPLT sostuvo que la Superintendencia de Salud “se encuentra imposibilitada de reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consistente en la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, conforme a la limitación establecida en el inciso 2° del Art. 28 de la [ley de transparencia], fundando dicha afectación en que la entrega de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de sus funciones”, esto es, alegó falta de legitimidad activa del ente fiscalizador en base a la restricción que impone la norma legal cuya declaración de inaplicabilidad se solicita.