Nueva ley que autoriza revisión de mochilas para reforzar seguridad en colegios fue publicada en el Diario Oficial

Fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº21.827, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, más conocida como Ley “Escuelas Protegidas”, que busca reforzar la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales mediante una serie de medidas que incluyen la posibilidad de revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias de estudiantes bajo condiciones estrictas, nuevas facultades preventivas y disciplinarias para enfrentar hechos de violencia, mayores deberes para padres y apoderados y restricciones para quienes agredan a docentes, asistentes de la educación o alumnos.

El texto establece expresamente que la comunidad educativa tiene derecho a desarrollar sus funciones en un ambiente de respeto y seguridad, y que la violencia ejercida contra docentes, asistentes de la educación o estudiantes constituye una vulneración grave al derecho a la educación del conjunto de la comunidad escolar. Frente a estos hechos, la autoridad del establecimiento quedaría habilitada para adoptar medidas inmediatas, proporcionales y fundadas destinadas a contenerlos, de acuerdo con el reglamento interno y la ley.

Una de las principales modificaciones incorpora un nuevo artículo 16 J, que permitirá a los sostenedores incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas. La medida tendría como finalidad impedir el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas, dañar la infraestructura del establecimiento o que resulten potencialmente peligrosos para la comunidad educativa.

La aplicación de esta facultad deberá respetar la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, la vida privada y honra de los involucrados, el interés superior del niño y adolescente y el derecho a la educación. Los reglamentos internos deberán determinar, al menos, quiénes serán los funcionarios expresamente autorizados y capacitados para realizar estas diligencias, además de exigir que se evite cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria y que las revisiones se efectúen en lugares especialmente destinados para ello. Queda estrictamente prohibido exigir al estudiante que se desnude, así como realizar revisiones corporales o de las vestimentas que lleve puestas.

El personal autorizado podría disponer excepcionalmente una revisión individual en un lugar privado dentro del establecimiento. En esos casos, la diligencia tendría que efectuarse en presencia permanente de al menos dos adultos pertenecientes al plantel, uno de los cuales deberá integrar el equipo de convivencia escolar, resguardándose en todo momento la dignidad e intimidad del estudiante y evitando cualquier exposición pública.

Cada una de estas revisiones deberá quedar registrada por escrito y contar con la firma del personal interviniente. El documento deberá individualizar al estudiante y a los adultos presentes, señalar los motivos fundados que justificaron la medida, los elementos encontrados y las horas de inicio y término de la diligencia. Una copia tendrá que ser entregada tanto al estudiante como a su madre, padre o apoderado, junto con información clara sobre los mecanismos disponibles para reclamar.

Los establecimientos también podrán contemplar en sus reglamentos internos la posibilidad de solicitar al estudiante que muestre o vacíe el contenido de los bolsillos de su vestimenta. Esa solicitud deberá realizarse sin contacto físico ni exposición innecesaria y respetando los demás resguardos previstos en la regulación. En ningún caso el personal podrá efectuar una revisión de manera forzosa.

Si durante la revisión se encuentran objetos que puedan utilizarse para agredir, afectar la infraestructura o representar un peligro para la comunidad educativa, el establecimiento deberá comunicar inmediatamente la situación a los padres o apoderados del estudiante y a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, para que adopten las medidas o procedimientos correspondientes conforme a la ley.

La iniciativa regula también qué deberá ocurrir cuando un estudiante se niegue a la revisión. En ese supuesto, el personal deberá informar inmediatamente a sus padres o apoderados para que al menos uno concurra al establecimiento a revisar las pertenencias en presencia de funcionarios autorizados. Mientras ello ocurre, el estudiante permanecerá bajo resguardo y acompañado por personal autorizado en un espacio adecuado y distinto de la sala de clases. Si el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante mantiene su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor dejar constancia de lo sucedido e informar a la Oficina Local de la Niñez competente.

La concurrencia del padre, madre o apoderado al establecimiento por estas circunstancias no podrá considerarse salida intempestiva o injustificada de sus labores para efectos del artículo 160 N°4 letra a) del Código del Trabajo. Los empleadores deberán otorgar las facilidades necesarias para resguardar el interés superior del niño, niña o adolescente.

En el caso de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, condiciones de neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas, se establecen resguardos adicionales. La revisión solo podrá realizarse con el acompañamiento previo y permanente de un profesional del Programa de Integración Escolar o del equipo de convivencia que cuente con formación específica, previa contención emocional adecuada y adoptando los ajustes razonables necesarios según las características particulares del alumno.

Además, la diligencia no podrá efectuarse contra la oposición fundada del profesional acompañante, quien tendrá el deber de velar por el interés superior del niño, niña o adolescente. El incumplimiento de estas exigencias será considerado una infracción grave para los efectos del artículo 76 de la Ley N°20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización.

La aplicación de una revisión deberá, asimismo, activar el Plan de Gestión de Convivencia Educativa contemplado en el artículo 16 D y dar lugar a la intervención del coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva cuando concurran los supuestos objetivos previamente establecidos en el reglamento interno, conforme a las orientaciones generales que dicte el Ministerio de Educación.