Seguridad y transporte público
Comisión del Senado aprueba en general proyecto que fortalece seguridad en el Metro
La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la seguridad en el transporte público subterráneo del Metro de Santiago. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y, tras la votación, el Ejecutivo…
La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la seguridad en el transporte público subterráneo del Metro de Santiago. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y, tras la votación, el Ejecutivo ingresó las indicaciones comprometidas para perfeccionar el texto y extender sus medidas a EFE y sus filiales en regiones.
Durante la última sesión destinada al análisis del proyecto, representantes del Ejecutivo y de Metro expusieron sobre los principales problemas de seguridad que se registran en las estaciones y en la operación de la red.
Desde el Ejecutivo se explicó que Metro registra más de 640 millones de viajes y que la continuidad de su funcionamiento depende de mantener condiciones adecuadas de orden y seguridad. Entre los principales problemas identificados se encuentran el aumento del comercio ilegal, la evasión tarifaria y el ingreso de personas a las vías.
En relación con el comercio ambulante, se señaló que actualmente su fiscalización corresponde a las policías, mientras que el personal de seguridad de Metro no cuenta con atribuciones legales suficientes para enfrentar directamente estas conductas. El proyecto busca modificar esta situación, permitiendo que los funcionarios de seguridad de Metro y el personal subcontratado puedan constatar y denunciar el comercio ambulante, así como conductas que alteren la convivencia, entre ellas el uso no autorizado de parlantes u otros dispositivos sonoros, además de otras incivilidades.
En materia de conectividad, se informó que la red de Metro alcanza los 149 kilómetros, cuenta con 143 estaciones, atraviesa 27 comunas y transporta aproximadamente a 2,3 millones de pasajeros durante un día laboral normal.
Asimismo, se indicó que el 7% del presupuesto de Metro se destina a labores de seguridad y que la empresa mantiene un plan de “tolerancia cero” frente al grafiti. Para desarrollar estas tareas, cerca de dos mil efectivos de seguridad se mantienen en rotación.
Respecto de las denuncias de los usuarios, se señaló que el comercio ilegal representa el 24% de los reclamos, mientras que el 54% de las agresiones contra el personal de seguridad se relaciona con incivilidades. De acuerdo con lo expuesto, otorgar mayores atribuciones al personal permitiría abordar estas situaciones de manera más eficiente y eficaz.
Durante la discusión, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública plantearon la conveniencia de extender las nuevas medidas a las regiones, considerando que también se registran problemas de incivilidades en las distintas filiales de EFE a lo largo del país. Esta propuesta fue recogida por el Ejecutivo mediante las indicaciones ingresadas después de la aprobación general del proyecto.
Los parlamentarios también señalaron que durante la discusión en particular será necesario precisar con claridad el alcance de las atribuciones que tendrán los funcionarios de seguridad, focalizar las nuevas facultades y realizar los ajustes necesarios para entregar mayor coherencia normativa al proyecto.
En primer trámite constitucional la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó modificaciones a diversos cuerpos legales. En el Código Penal se incorpora un nuevo delito para quienes, sin autorización, interrumpan la circulación de personas, pasajeros o trenes mediante el ingreso a las vías o el lanzamiento de objetos. Si los hechos constituyen un delito más grave, se aplicará la pena correspondiente a este último.
Además, modifica la Ley N°18.772 para permitir que el personal de seguridad de Metro denuncie ante los juzgados de policía local el comercio ambulante no autorizado, la alteración grave de la convivencia mediante dispositivos sonoros, el uso indebido o adulterado de pases con beneficios tarifarios, la evasión del pago y el transporte de carga no autorizado.
Los funcionarios podrán exigir el abandono inmediato de las instalaciones a quienes incurran en estas conductas y deberán advertirles que serán denunciados. En el caso del comercio ambulante, podrán retener provisoriamente la mercadería para entregarla a Carabineros o a inspectores fiscales o municipales.
También podrán solicitar documentos de identidad a mayores de 18 años. Si una persona se niega a identificarse, podrán retenerla y solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo comunicar inmediatamente el hecho a Carabineros para el correspondiente control de identidad. El procedimiento no podrá superar una hora.
Las nuevas facultades deberán ser ejercidas exclusivamente por personal de seguridad debidamente capacitado y autorizado conforme a la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada. Metro deberá verificar estos requisitos, tanto respecto de trabajadores propios como subcontratados.
El Ministerio de Seguridad Pública deberá establecer las capacitaciones especializadas dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la ley. Estas deberán comenzar dentro de los 180 días posteriores a la dictación de la resolución respectiva y, luego de otros 180 días, solo quienes hayan aprobado la capacitación podrán ejercer las nuevas funciones.
Metro también podrá presentar querellas por el nuevo delito de interrupción de la circulación y deberá informar semestralmente a los ministerios de Seguridad Pública y de Transportes sobre las denuncias y facultades ejercidas. Asimismo, deberá instalar carteles que informen las conductas prohibidas.
La iniciativa continuará su tramitación legislativa con las indicaciones del Ejecutivo, que buscan ampliar su aplicación al sistema ferroviario estatal y perfeccionar las herramientas destinadas a enfrentar el comercio ilegal, las incivilidades y otros problemas de seguridad en el transporte público.
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