Protección de menores migrantes
Proponen mayores controles para reunificación familiar de menores migrantes
Un proyecto de ley presentado por los senadores Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Álvaro Carter y Esteban Velásquez propone modificar la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, para reforzar los requisitos aplicables a la reunificación familiar y establecer mayores controles…
Un proyecto de ley presentado por los senadores Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Álvaro Carter y Esteban Velásquez propone modificar la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, para reforzar los requisitos aplicables a la reunificación familiar y establecer mayores controles cuando se trate del ingreso de menores de edad al país.
La iniciativa busca exigir documentos oficiales, vigentes y verificables que acrediten los vínculos familiares, además de identificar con nombre, domicilio real y datos de contacto al adulto responsable de cada menor que ingrese a Chile. Asimismo, contempla la posibilidad de revocar permisos obtenidos mediante antecedentes falsos o vínculos familiares simulados.
Los parlamentarios sostienen que la legislación reconoce y protege el derecho de las familias migrantes a solicitar la reunificación familiar, pero advierten que el aumento de estas solicitudes desde la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad migratoria ha estado acompañado de documentos falsificados, vínculos familiares que no pueden comprobarse y casos en que los menores quedan vinculados a adultos responsables que no pueden ser localizados dentro del país.
Según la propuesta, la legislación vigente permite que algunas de estas irregularidades sean tratadas como errores administrativos susceptibles de ser corregidos durante la tramitación. A juicio de los autores, esta flexibilidad puede generar riesgos cuando se encuentra involucrado un niño, niña o adolescente, cuya seguridad depende de que la información proporcionada sea verdadera y de que exista efectivamente un adulto que pueda hacerse responsable de su cuidado en Chile.
Por ello, el proyecto establece que, si los documentos presentados no son suficientes, se encuentran vencidos o no pueden ser verificados, el permiso no podrá ser otorgado. La medida, explican sus impulsores, no tendría un carácter punitivo, sino que buscaría asegurar que detrás de cada solicitud exista una relación familiar real y un adulto efectivamente habilitado para asumir la responsabilidad del menor.
En concreto, las modificaciones propuestas disponen que la existencia del vínculo familiar no podrá acreditarse únicamente mediante una declaración contenida en un formulario, sino que deberá constar en documentos oficiales debidamente apostillados. Cuando se trate de menores de edad, además, será necesario identificar plenamente al adulto responsable residente en Chile, incluyendo su domicilio real, datos de contacto y situación migratoria regular.
La iniciativa contempla también qué ocurrirá si, durante la tramitación, ese adulto fallece, desaparece o pierde su residencia en Chile. En tales casos, el procedimiento deberá suspenderse hasta verificar la existencia de otro cuidador jurídicamente habilitado. Con ello se busca evitar que el menor quede en una situación de desamparo o expuesto a dinámicas de explotación informal dentro del territorio nacional.
El proyecto incorpora, además, medidas destinadas a fortalecer el seguimiento de los antecedentes utilizados durante los procedimientos migratorios. Para ello, el Servicio Nacional de Migraciones deberá mantener un registro digital rastreable de cada documento presentado y de cada decisión adoptada. Los documentos electrónicos, en tanto, deberán contar con un código único de verificación, con el objetivo de impedir que antecedentes sin respaldo digital puedan circular sin controles suficientes.
La propuesta también permite actuar cuando el fraude sea descubierto después de concedido el permiso. Si posteriormente se determina que el vínculo familiar era simulado o que los documentos utilizados eran falsos, la autoridad podrá revocar el permiso otorgado y, de manera simultánea, activar ante los tribunales de familia las medidas de protección que correspondan respecto del menor involucrado.
En materia sancionatoria, la iniciativa no crea nuevos delitos, sino que busca fortalecer la aplicación de las sanciones ya existentes. Para ello, incorpora una regla específica a la Ley de Migración según la cual, cuando las irregularidades involucren a un niño, niña o adolescente —por ejemplo, mediante la simulación de un parentesco, el ocultamiento de información o el uso de documentos falsos—, esta circunstancia deberá ser considerada prioritariamente al momento de determinar la sanción administrativa.
De esta manera, la propuesta plantea un sistema que combina mayores exigencias al momento de solicitar el ingreso o reunificación familiar, mecanismos de seguimiento durante la vigencia del permiso y sanciones más severas cuando el fraude afecte a menores de edad.
Los autores presentan la iniciativa como una forma de compatibilizar el derecho a la vida familiar con la facultad del Estado de mantener el orden público y resguardar la seguridad nacional. Bajo esta perspectiva, sostienen que la protección de la infancia migrante requiere no flexibilizar los controles, sino asegurar mayores niveles de certeza, trazabilidad y transparencia en las decisiones que adopte el Estado respecto de niños, niñas y adolescentes.
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