Laboral · página 21

El máximo Tribunal consideró que hubo falta o abuso al determinar que los juzgados laborales son incompetentes para conocer la materia.

La sentencia judicial que declara una relación laboral sólo constata un hecho preexistente.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad, argumentando que el tribunal de primera instancia aplicó el régimen jurídico excepcional de la Ley 21.226 que regula las actuaciones y plazos judiciales en el marco de la pandemia por Covid 19.

Con ello, se mantuvo la decisión de la Corte de Talca que estimó que tal indemnización carece de sustento legal en dichas causas.

La obligación rige para empresas con 100 o más trabajadores.

Afectan la seguridad jurídica, la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad.

Por lo anterior, los servicios prestados no coincidieron con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°18.834.

La decisión impugnada privó a la demandante del derecho a obtener un pronunciamiento sobre la existencia de una vulneración a sus derechos.

El máximo Tribunal señala que conforme se expresa en el recurso, la materia de derecho objeto del juicio que se propone uniformar, dice relación con el “alcance y aplicación del artículo 459 Nº 4 del Código del Trabajo, y en particular en cuanto a las motivaciones fácticas que deben concurrir en la sentencia al momento de valorar o desacreditar toda la prueba rendida".

Lo anterior con independencia del plazo por el cual ha sido contratada.

No existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a dicha categoría de trabajadores.

El Tribunal acogió las denuncias de práctica antisindical, acreditando los diversos, múltiples y reiterados indicios de las vulneraciones denunciadas.

Con ello, entra en vigencia la Ley N°21.361 que dispuso la modificación del Código del Trabajo, incorporando un nuevo inciso octavo en el artículo 162 y nuevos incisos tercero a séptimo en el artículo 177.

Afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

Los actores no acreditaron haber prestado servicios a su favor en régimen de subcontratación.

El no pago de las cotizaciones previsionales se originó en el ámbito que la mandante debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad.

El Tribunal consideró que no se adoptaron las medidas pertinentes para que el trabajador realizara sus labores de forma segura.

Puede ser interpretada de forma muy amplia al no señalar a qué tipo de indemnizaciones se refiere.

Los disidentes sostuvieron que en sede laboral la normativa relativa a la prescripción de las acciones no puede interpretarse de igual forma que en materia civil.

Afecta la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.

El Tribunal de alzada descartó infracción a la sana crítica en el fallo que acogió la solicitud de la empleadora.

El máximo Tribunal consideró que hubo error al descontar el aporte del empleador al seguro de cesantía de la indemnización por años de servicio otorgada por el despido.

La sola circunstancia que la labor de la trabajadora se realice en un recinto fuera del lugar de la empresa no es óbice para eximir de responsabilidad del empleador

Si bien no corresponde a la judicatura evaluar las decisiones adoptadas en el ejercicio de potestades discrecionales, la restricción o privación de derechos debe satisfacer un mínimo de proporcionalidad en su aplicación.

El despido que se funda en la modernización o racionalización en el funcionamiento de la empresa, debe fundarse en supuestos de hecho graves que den cuenta que forzosamente debió adoptarse.

Se determinó que, durante el último período, las demandantes se vincularon con la demandada sobre la base de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo.

Por tanto, no se encuentra típicamente en la hipótesis para la que se previó dicha sanción.

El tribunal de base determinó el carácter laboral del vínculo entre el demandante y el Ministerio de Obras Públicas.

El Tribunal de alzada estableció la existencia de una relación laboral de larga data entre las partes y no la asignación de tareas puntuales y específicas.

El lucro cesante corresponde a la pérdida de ingresos provocada por el daño corporal y su determinación supone asumir lo que habría ocurrido en el futuro de no haber acaecido el accidente.