Laboral · página 20

El límite previsto a favor de las empresas principales en el artículo 183-B del Código del Trabajo, no es óbice para la aplicación de la sanción del artículo 162.

No procede que, por un lapso único y continuo de feriado, se perciban diferentes remuneraciones íntegras por días dependiendo del mes que se trate.

La causal de despido indirecto y las consecuencias de ser acogida no se encuentra regulada en el Estatuto Docente.

Las Inspecciones del Trabajo carecen de competencia para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales ante el tribunal competente de los funcionarios que indica el texto legal.

Se habría producido por una sucesión de hechos que implicaron que la demandante se auto despidiera, esto es, en síntesis, las cámaras de vigilancia puestas en dirección a la pantalla del computador de la trabajadora; los malos tratos de palabra propiciados por la jefatura directa ya sea personalmente o mediante el teletrabajo realizado durante la pandemia del Covid-19; se interrumpió el reposo médico, incluso fuera del horario de trabajo en más de una ocasión.

De lo contrario, el denunciante estaría obligado a accionar mientras se encuentra vigente la situación e ignorando su desenlace.

La acción cautelar no se encuentra naturalmente destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un proceso disciplinario administrativo.

El máximo Tribunal desestimó el recurso al no acompañar la parte recurrente sentencias de cotejo que permitan efectuar la comparación propuesta.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al no existir en la especie un asunto jurídico habilitante del recurso especial.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al diferir la sentencia acompañada por la recurrente con la materia resuelta en la impugnada, lo que impide establecer divergencia doctrinal que amerite su resolución y unificación.

El despido del actor representó un acto de discriminación en razón de la edad que vulneró el artículo 2 del Código del Trabajo y 19 N° 16 inciso 3° de la Constitución.

Por tratarse de un vínculo regido por un estatuto especial y no por la normativa laboral, que sólo puede ser invocada de manera supletoria, respecto de las materias no previstas en el citado estatuto.

Queda a firme sentencia que acogió la demanda de nulidad de despido y cobro de prestaciones presentada por asesor técnico de venta de empresa de válvulas industriales.

Incumplió una obligación contractual pactada en el contrato colectivo de proporcionar uniformes a los trabajadores.

El recurrente no acompañó sentencia que contraste con la resolución impugnada.

La sentencia recurrida razonó sobre la base de un hecho que no podía modificar y que determinó que no se aplicara el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal desestimó la acción deducida en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó al Servicio de Salud de O’Higgins, pagar al trabajador una indemnización total de $11.080.678.

En la especie, se celebró un contrato de sub franquicia que, además, contemplaba el traspaso de trabajadores entre las contratantes.

El arbitrio no reprochó la infracción de las normas que instauran y regulan la prescripción extintiva de acciones contenidas en el Código Civil.

Una interpretación contraria implica una vulneración de los principios básicos que gobiernan un Estado de derecho.

Lo anterior, con independencia del procedimiento por el cual se tramite.

El máximo Tribunal desestimó el recurso especial enderezado en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual no se pronuncia sobre alguna materia jurídica susceptible de contraste.

El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la recurrente y subsidiariamente a la empresa Ekono Limitada, pagar las indemnizaciones y prestaciones adeudadas al trabajador.

El fuero maternal tiene el doble propósito de inamovilidad de la madre en el empleo y procurar los recursos para que madre e hijo sustenten sus gastos de vida.

Lo anterior, dado que mantiene íntegramente su remuneración y no existiría ingreso que reemplazar.

La aplicación supletoria de la normativa de tutela laboral debe hacerse desde el prisma de la relación estatutaria que los vincula con la Administración del Estado.

El precepto legal impugnado vulnera gravemente el principio de proporcionalidad, la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y, en último termino, la seguridad jurídica.

La Corporación Municipal estima que los preceptos legales invocados imponen una sanción que no se ajusta al principio de proporcionalidad y asimismo vulnera la garantía del debido proceso.

A juicio de esta Corte, sí están comprendidas dentro de la competencia absoluta, en razón de la materia, de los juzgados de letras del trabajo, por tener un alcance extendido indubitado, siendo la protección de la maternidad un bien jurídico reconocido a trabajadores que presten servicios a cualquier empleador e incluso si no lo tienen.

La inhabilitación alcanza a todas las franquicias que se puedan invocar en relación con el empleo respecto del cual operó la suspensión.