Decreto Ley Nº 3.500 y Ley Nº 17.322.

Normas referidas a reajustes, intereses penales, recargos y multas asociadas a cotizaciones previsionales de un trabajador cuya relación laboral se declaró judicialmente, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

Afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.