Suprema deja firme restitución de 21,54 hectáreas en Coihueco

La Corte Suprema rechazó, por manifiesta falta de fundamento, un recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en un juicio ordinario de reivindicación seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán, dejando firme la sentencia de la Corte de Apelaciones de esa ciudad que confirmó la restitución de 21,54 hectáreas ubicadas en la comuna de Coihueco, el rechazo de una acción subsidiaria innominada de dominio y la improcedencia de la indemnización reclamada por deterioros.

El litigio se originó luego de que una empresa del rubro forestal demandara a otra sociedad y a varias personas, sosteniendo ser propietaria de cuatro predios ubicados en el sector de Coleal, que en conjunto denominaba “Vergara”. Según expuso, en mayo de 2021 los demandados ingresaron sin autorización a esos terrenos, destruyeron cercos y talaron aproximadamente siete hectáreas de bosque.

La contraparte, en cambio, afirmó tener derechos sobre otro inmueble denominado “Las Islas y Coleal”, rol de avalúo 110-107, de aproximadamente 23,4 hectáreas, fundando su posición en una cadena registral que se remontaba a 1963. Tres de los demandados dedujeron además una demanda reconvencional para que se declarara que habían adquirido el terreno por prescripción adquisitiva ordinaria o, subsidiariamente, extraordinaria.

Durante el juicio se rindieron antecedentes registrales, escrituras, planos, documentación de CONAF, prueba testimonial y pericial. Esta última concluyó que existía una superposición de 21,54 hectáreas entre el predio invocado por los demandados y dos inmuebles inscritos a nombre de la actora, además de constatar la tala de aproximadamente siete hectáreas de bosque.

Al resolver, el Juzgado Civil de Chillán estimó que la demandante acreditó su posesión inscrita y que las inscripciones de los demandados carecían de eficacia respecto de la superficie superpuesta, pues provenían de títulos parcialmente afectados por regularizaciones efectuadas conforme al Decreto Ley N°2.695. Añadió que tampoco se demostraron actos materiales de posesión anteriores al plan de manejo forestal obtenido en 2020 y a la tala realizada en 2021.

En consecuencia, acogió la acción reivindicatoria respecto de tres demandados, ordenó la restitución de las 21,54 hectáreas y dispuso la cancelación parcial de las inscripciones superpuestas. En cambio, rechazó la demanda respecto de la sociedad que había comprado el bosque, al concluir que esta únicamente ingresó al terreno para retirar la madera adquirida mediante contrato y no ejerció actos propios de un poseedor.

El tribunal también desestimó la indemnización reclamada. Si bien consideró que la tala constituía un deterioro del inmueble y una pericia valorizó las especies extraídas en $169.777.169, estimó que esa cifra correspondía a una proyección y no permitía establecer el beneficio económico efectivamente obtenido por los demandados. Por ello, rechazó el pago solicitado.

Asimismo, acogió una acción subsidiaria de reivindicación respecto de otro demandado, en su calidad de injusto detentador, debido a que había transferido sus derechos, pero conservaba un usufructo vitalicio sobre parte del inmueble. En consecuencia, ordenó restituir la superficie mantenida bajo ese título y cancelar la inscripción correspondiente.

El juzgado rechazó, en cambio, la acción subsidiaria denominada “innominada de dominio” dirigida contra la sociedad demandada y las demandas reconvencionales de prescripción adquisitiva, al estimar que no se acreditó una posesión material suficiente ni una posesión inscrita jurídicamente eficaz respecto de las superficies en conflicto.

En definitiva, la sentencia ordenó la restitución del terreno en disputa, la cancelación parcial de las inscripciones superpuestas y la restitución de la parte mantenida bajo usufructo, rechazó las indemnizaciones reclamadas y las acciones de prescripción adquisitiva, e impuso las costas a los cuatro demandados que resultaron vencidos. Posteriormente, el tribunal precisó que las restituciones debían cumplirse bajo apercibimiento de auxilio de la fuerza pública.