Libertad y ejecución penal
Suprema anula amenaza de reclusión por no pago de multa
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar que había apercibido a una persona condenada por un delito tributario con una eventual orden de aprehensión y reclusión en caso de no pagar una multa, pese a que una sentencia…
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar que había apercibido a una persona condenada por un delito tributario con una eventual orden de aprehensión y reclusión en caso de no pagar una multa, pese a que una sentencia firme había establecido expresamente que no podía ser sometida a apremios personales por esa obligación.
El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el afectado fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por un delito tributario. La pena privativa de libertad fue sustituida por libertad vigilada intensiva y, además, se le impuso una multa equivalente al 50% del monto defraudado.
La sentencia definitiva estableció expresamente que, atendido el tramo de la pena impuesta, el condenado quedaba exento de sufrir apremios personales o reclusión en caso de no poder pagar la sanción pecuniaria.
Pese a que esa decisión se encontraba firme y ejecutoriada, el Juzgado de Garantía dictó el 17 de julio de 2026 una nueva resolución en la que ordenó al condenado acreditar el pago de la multa o solicitar su sustitución por una pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
El tribunal agregó que, en caso de incumplimiento, podría despacharse una orden de aprehensión y aplicarse una pena de reclusión.
Frente a esta decisión se interpuso un recurso de amparo, en el que se alegó que la actuación del juzgado desconocía lo resuelto en la sentencia definitiva y constituía una amenaza cierta, actual e inminente para la libertad personal del afectado.
La Corte de Valparaíso rechazó la acción constitucional. El tribunal de alzada consideró que la resolución cuestionada había sido dictada dentro de un procedimiento de ejecución y en ejercicio de las facultades legales destinadas a asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
Además, estimó que el solo apercibimiento para acreditar el pago de la multa o solicitar su sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad no constituía, por sí mismo, una amenaza ilegal o arbitraria a la libertad personal.
La Corte Suprema, sin embargo, revocó esa decisión. El máximo tribunal concluyó que la resolución del Juzgado de Garantía contravenía directamente lo establecido en una sentencia definitiva firme, que había eximido expresamente al condenado de cualquier apremio personal o reclusión derivados del no pago de la multa.
Para la Corte, la amenaza de despachar una orden de aprehensión e imponer una medida de reclusión colocó al afectado ante un riesgo ilegal de restricción de su libertad personal, pues pretendía aplicar una consecuencia que había sido expresamente descartada en la sentencia condenatoria.
En consecuencia, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo, revocó el fallo de la Corte de Valparaíso y dejó sin efecto la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, específicamente en la parte que contemplaba el apremio y la posibilidad de despachar una orden de aprehensión por el no pago de la multa.
De esta manera, el máximo tribunal hizo prevalecer lo resuelto en la sentencia firme y descartó que, en la etapa de ejecución, pudiera imponerse al condenado una forma de reclusión de la que ya había sido expresamente eximido.
Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº43.446–2026 y Corte de Valparaíso Rol Nº3.457–2026.
