Corte mantiene multa de la Dirección del Trabajo por incomparecencia a audiencia. Firma escaneada del empleador no acreditó su representación válida

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia que había dejado sin efecto una multa aplicada a una empresa por no comparecer a una audiencia de conciliación ante la Dirección del Trabajo, luego de determinar que el tribunal del trabajo incurrió en una contradicción lógica al considerar válido un “poder simple” que contenía una imagen de firma escaneada. En sentencia de reemplazo, rechazó el reclamo judicial y mantuvo vigente la sanción.

El conflicto se originó luego de que la Dirección del Trabajo cursara a la empresa la Multa por no comparecer, ni personalmente el empleador ni un mandatario con facultades suficientes, a una audiencia ante el Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente.

La empresa reclamó judicialmente contra la sanción y sostuvo que había comparecido válidamente mediante un representante. Para acreditar sus facultades, acompañó un documento impreso presentado como “poder simple”, que contenía la imagen de una firma escaneada.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió el reclamo y dejó sin efecto la multa, al considerar válida la comparecencia del representante. Frente a esa decisión, el Centro de Conciliación y Mediación recurrió de nulidad ante la Corte de Santiago, argumentando que un documento que contiene únicamente una firma escaneada, sin firma manuscrita ni firma electrónica, no permite acreditar que una persona haya comparecido con facultades suficientes para representar al empleador.

Como causal principal, la recurrente invocó el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en particular de los principios de identidad y razón suficiente. Sostuvo que la sentencia de base tuvo por acreditado que la empresa había presentado un poder simple válido en los términos del artículo 29 del D.F.L. N°2 de 1967, pese a que el único documento acompañado correspondía a una impresión en papel con la imagen de una firma escaneada, sin firma manuscrita del otorgante.

Según la recurrente, esa conclusión vulneraba el principio de identidad, pues un mismo documento no puede ser considerado simultáneamente un instrumento en soporte papel y un documento suscrito mediante firma electrónica, al tratarse de categorías excluyentes conforme a la letra f) del artículo 2 de la Ley N°19.799, que exige que la firma electrónica recaiga sobre un documento electrónico.

Agregó que únicamente la firma electrónica avanzada, definida en la letra g) del mismo artículo, puede producir los mismos efectos que una firma manuscrita en documentos en soporte papel, de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley N°19.799. A su juicio, el poder acompañado no cumplía con esas exigencias. De manera subsidiaria, alegó infracción de ley conforme al artículo 477 del Código del Trabajo, por errónea aplicación de las mismas disposiciones.