Corte deja sin efecto expulsión de venezolano que ingresó clandestinamente a Chile siendo menor de edad

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación presentada en favor de un ciudadano venezolano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dejando sin efecto la resolución que ordenó su expulsión del territorio nacional por ingreso clandestino. El tribunal determinó que la sanción era ilegal, debido a que el afectado ingresó a Chile cuando aún era menor de edad, circunstancia que lo eximía de las sanciones migratorias conforme al artículo 4° de la Ley N°21.325.

La controversia se originó luego de que el Servicio Nacional de Migraciones dictara una resolución, de 20 de enero de 2026, que dispuso la expulsión del ciudadano venezolano por haber ingresado al país por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio. La medida fue notificada personalmente el 29 de mayo de 2026 y posteriormente rectificada únicamente respecto de su nacionalidad.

El reclamante sostuvo que ingresó a Chile el 16 de diciembre de 2022 junto a su grupo familiar, cuando tenía 17 años, con el propósito de buscar tratamiento médico para una hermana menor de edad. Desde entonces, señaló, se radicó en el país, completó su enseñanza media, obtuvo un RUN provisorio y fue beneficiario de una medida de protección decretada por un tribunal de familia.

Asimismo, alegó que carecía de antecedentes penales y que la autoridad no había ponderado adecuadamente las circunstancias previstas en el artículo 129 de la Ley N°21.325. Añadió que su expulsión afectaría la unidad de su grupo familiar y las necesidades de cuidado de su hermana menor.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la reclamación, argumentando que la expulsión había sido dictada por autoridad competente y mediante el procedimiento establecido en la Ley N°21.325. Sostuvo que el afectado había ingresado clandestinamente al país, conducta prevista en el artículo 32 N°3 como prohibición de ingreso y en el artículo 127 N°1 como causal de expulsión.

La autoridad agregó que el reclamante no había acreditado durante el procedimiento administrativo que hubiese ingresado al país siendo menor de edad y que dicha circunstancia había sido alegada recién ante la Corte. Respecto del arraigo familiar, sostuvo que las circunstancias invocadas no permitían enervar la potestad sancionatoria del Estado.

Al analizar la reclamación, la Corte recordó que el mecanismo previsto en el artículo 141 de la Ley N°21.325 permite revisar la juridicidad de la actuación administrativa, pero no constituye una segunda instancia para reevaluar las decisiones de la autoridad migratoria. En palabras del tribunal, “la judicatura no es ni puede ser una segunda autoridad migratoria”, por lo que el examen se limita a determinar si la actuación administrativa se ajustó a derecho.