Corte de Coyhaique confirma que suspensión de cargo público subsiste pese a concederse remisión condicional

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó un recurso de nulidad penal interpuesto por la defensa de un funcionario militar condenado por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños, al concluir que no existió error de derecho en la imposición de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público y que dicha sanción subsiste aun cuando la pena privativa de libertad haya sido sustituida por remisión condicional.

La causa se originó en un procedimiento simplificado en el que un funcionario militar en servicio activo fue condenado por conducción en estado de ebriedad causando daños. El tribunal le impuso una pena privativa de libertad, multa, suspensión de la licencia de conducir y suspensión de cargo u oficio público. La pena privativa de libertad fue sustituida por remisión condicional conforme a la Ley N°18.216, quedando sujeto al control de Gendarmería, y se autorizó el pago de la multa en cuotas.

La defensa recurrió de nulidad alegando una errónea aplicación del derecho y solicitó dejar sin efecto la suspensión de cargo u oficio público, para que esa sanción también quedara comprendida en la remisión condicional. Sostuvo que la pena accesoria no había sido solicitada por el Ministerio Público, por lo que su imposición de oficio vulneró el principio de congruencia.

Agregó que esa sanción no correspondía a la pena aplicable y que carecía de fundamento mantenerla vigente una vez sustituida la pena privativa de libertad. Además, advirtió que su ejecución podía provocar la desvinculación inmediata del condenado del Ejército de Chile y la pérdida de su sustento económico.

Al resolver, la Corte recordó que el recurrente fue condenado como autor de un delito consumado previsto en la Ley de Tránsito, relativo a la conducción en estado de ebriedad. El tribunal señaló que esa conducta se encuentra sancionada con una pena privativa de libertad, multa y suspensión de la licencia de conducir.

La Corte tuvo además presente lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal, norma que establece que determinadas penas privativas de libertad llevan consigo la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. A ello agregó el artículo 76 del mismo cuerpo legal, que ordena al tribunal imponer expresamente las penas accesorias que correspondan cuando la sanción principal las lleva consigo por disposición de la ley.