Megafraude a Fonasa
Condenan a 17 personas por integrar organizaciones que vendían licencias médicas falsas para obtener subsidios
El tribunal acreditó la existencia de tres estructuras que operaban mediante sociedades médicas de fachada, redes sociales y plataformas electrónicas. La defraudación al sistema público de salud superó los $26.714 millones y las condenas incluyen penas de hasta 10 años y un día de presidio, multas, indemnizaciones al Fisco y sanciones por asociación ilícita y lavado de activos.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 personas por su participación en el denominado “Megafraude a Fonasa”, causa en la que se acreditó la existencia de tres organizaciones dedicadas a emitir, vender y tramitar sistemáticamente licencias médicas ideológicamente falsas con el propósito de obtener indebidamente subsidios por incapacidad laboral. Los hechos dieron lugar a condenas por fraude de subvenciones, emisión, obtención o tramitación de licencias médicas falsas, asociación ilícita y, respecto de ocho acusados, lavado de activos.
Sentencia
Las penas más altas fueron impuestas a un médico extranjero considerado jefe de una de las organizaciones. Fue condenado a 10 años y un día de presidio efectivo por fraude de subvenciones reiterado, multa de $2.566.066.528 e inhabilitaciones legales; a cinco años y 500 UTM por emisión, obtención o tramitación reiterada de licencias falsas; y a dos penas de tres años por asociación ilícita y lavado de activos, además de 200 UTM por este último delito.
Su pareja, también médica, recibió 10 años y un día de presidio por fraude de subvenciones y una multa de $1.573.561.770; cinco años y 500 UTM por licencias falsas; 300 días por asociación ilícita y otros 300 días, además de 200 UTM, por lavado de activos.
Los restantes médicos vinculados a las tres estructuras fueron condenados a penas de entre siete años y 10 años y un día de presidio por fraude de subvenciones, con multas de entre $199.858.593 y $1.679.836.108, además de penas de cinco años y multas de 500 UTM por licencias falsas y, según cada caso, sanciones adicionales por asociación ilícita y lavado de activos.
Un colaborador no médico de la segunda organización fue condenado a siete años de presidio por fraude de subvenciones, cinco años por licencias falsas y penas adicionales por asociación ilícita y lavado de activos. Asimismo, un transportista que constituyó las sociedades empleadas por la tercera estructura recibió 10 años y un día por fraude, cinco años por licencias falsas, 540 días por asociación ilícita y 300 días por lavado de activos.
Dos mujeres que captaban compradores fueron condenadas, cada una, a tres años y un día por licencias falsas y 300 días por asociación ilícita. Otros cuatro condenados que adquirieron licencias para obtener subsidios recibieron tres años y un día por fraude de subvenciones y 600 días por licencias falsas, además de multas.
Los principales integrantes de las organizaciones deberán cumplir las penas privativas de libertad de manera efectiva, pues no reúnen los requisitos de la Ley N°18.216. Las dos captadoras y los cuatro compradores cumplirán sus condenas bajo libertad vigilada intensiva, sujetos a un plan individual de intervención y demás condiciones legales.
El tribunal decretó además el comiso de dineros, vehículos, inmuebles y demás bienes incautados. Las sumas decomisadas y el producto de su enajenación deberán destinarse al organismo público de salud perjudicado e imputarse a las indemnizaciones civiles decretadas. Un eventual remanente será destinado proporcionalmente al pago de las multas. También dispuso comunicar los antecedentes a la autoridad migratoria.
En materia civil, se acogió con costas proporcionales la demanda interpuesta en representación de los intereses fiscales. Los cuatro integrantes de la primera organización fueron condenados solidariamente a pagar $12.972.551.425 al Fisco; tres miembros de la segunda deberán pagar $2.242.562.717; y cuatro integrantes de la tercera, $11.499.511.546. A su vez, los cuatro compradores de licencias deberán restituir individualmente $12.669.052, $9.278.731, $8.022.984 y $9.687.176.
Hechos acreditados
El tribunal estableció, más allá de toda duda razonable, que al menos entre febrero de 2020 y diciembre de 2022 médicos y colaboradores no facultativos actuaron coordinadamente y con una distribución estable de funciones en tres organizaciones independientes destinadas a emitir, vender y tramitar reiteradamente licencias médicas ideológicamente falsas.
Las tres estructuras funcionaban mediante sociedades médicas de fachada, formalmente destinadas a prestar servicios de salud pero carentes de infraestructura clínica real. A través de redes sociales captaban compradores y ofrecían licencias de acuerdo con un tarifario determinado por los días de reposo. Los documentos eran extendidos sin atención médica ni diagnóstico verdadero y luego tramitados mediante plataformas electrónicas.
El precio de las licencias era depositado en cuentas personales o de las sociedades y posteriormente los recursos eran objeto de distintas operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen. El mecanismo permitía a los compradores recibir indebidamente subsidios por incapacidad laboral, causando perjuicios al sistema público y a instituciones privadas de salud. Estos hechos fueron establecidos mediante testimonios de funcionarios públicos, agentes reveladores, peritajes, antecedentes bancarios e interceptaciones telefónicas.
La primera organización operó mediante tres sociedades médicas de fachada y presentaba una estructura vertical encabezada por el médico extranjero condenado como jefe. Este ejercía funciones de organización, dirección y control, contrataba y posicionaba a los médicos emisores, administraba las cuentas utilizadas para recibir los ingresos y dirigía el funcionamiento general.
Al momento de su detención, cuentas vinculadas a esta estructura mantenían saldos de $411.161.681 y $640.262.317. El tribunal también consideró una interceptación telefónica realizada la noche del 5 al 6 de diciembre de 2022, en la cual el jefe impartió instrucciones para eliminar comunicaciones y ocultar dinero en efectivo.
Entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, 52.557 licencias originadas en los principales centros de esa organización fueron autorizadas y pagadas por el sistema público de salud, generando un perjuicio fiscal agregado de $26.606.306.606. La estructura cobraba $30.000 por 11 días de reposo, $40.000 por 15 días, $50.000 por 21 y $70.000 por 30 días.
Respecto de sus integrantes, se acreditó la emisión de miles de licencias falsas. Al jefe se le comprobaron 16.150, aunque su responsabilidad quedó limitada a las 16.039 contempladas en la acusación. A otras médicas se les acreditaron 9.880, 8.685 y 5.592 emisiones, pero también fueron consideradas únicamente las cantidades incluidas en la acusación, conforme al principio de congruencia.
La segunda organización funcionaba a través de dos sociedades médicas y no presentaba una jerarquía vertical. Sus integrantes actuaban mediante coordinación funcional: una médica gestionaba el centro y emitía licencias, otro facultativo intervenía como emisor y un colaborador no médico captaba compradores, administraba cuentas y redes sociales y participaba en la elección de diagnósticos ficticios y confección material de los documentos.
Entre 2021 y 2022, 1.331 licencias emitidas desde sus centros fueron autorizadas y pagadas por el sistema público, causando un perjuicio fiscal de $629.112.308.
La tercera estructura operaba mediante diez sociedades por acciones formalmente destinadas a servicios médicos ambulatorios, aunque carecían de infraestructura y equipamiento. Todas habían sido constituidas entre marzo y septiembre de 2022 por un transportista sin profesión médica, quien contrataba plataformas de emisión electrónica, adquiría dispositivos biométricos destinados a simular atenciones presenciales y coordinaba a dos mujeres encargadas de captar compradores.
Sus tres principales médicos emisores registraron 4.481, 9.304 y 9.128 licencias falsas, aunque las responsabilidades se limitaron a las cantidades señaladas en la acusación. Las dos captadoras actuaron al menos entre mayo de 2022 y abril de 2023, administrando pagos, reteniendo sus comisiones y transfiriendo los saldos a los centros médicos.
Desde los establecimientos asociados a esta tercera estructura, 7.402 licencias fueron autorizadas y pagadas entre mayo y diciembre de 2022, generando un perjuicio fiscal de $3.878.832.609. El tribunal precisó que esa cifra correspondía a un mínimo, pues no incluía las emisiones provenientes de dos de los diez centros investigados.
La sentencia también tuvo por acreditado que 11 acusados facilitaron el pago indebido de subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias fraudulentas. En conjunto, la defraudación acreditada al sistema público de salud superó los $26.714 millones.
Respecto de los cuatro compradores condenados, se estableció que adquirieron las licencias sabiendo que no correspondían a verdaderas atenciones médicas. En total compraron 55 documentos, de los cuales 44 fueron autorizados y pagados, equivalentes a 1.178 días de reposo injustificado y a un perjuicio fiscal de $39.657.943.
Finalmente, se acreditó que ocho condenados emplearon sociedades médicas de fachada y distintas operaciones financieras para ocultar o disimular el origen de los recursos obtenidos mediante la venta de licencias y los subsidios fraudulentos.
Fundamentos del tribunal
El tribunal concluyó que las tres estructuras reunían las características de asociaciones ilícitas independientes, pues existía pluralidad de participantes, permanencia en el tiempo, distribución estable de funciones y un objetivo delictivo común consistente en emitir, comercializar y tramitar sistemáticamente licencias médicas falsas.
Respecto de la primera organización, se estableció además la existencia de una estructura vertical y se consideró al médico extranjero como jefe u organizador. En las otras dos no se acreditó una jerarquía semejante ni un jefe determinado, pero el tribunal precisó que ello no impedía configurar el delito de asociación ilícita, ya que la ley no exige una organización jerárquica, sino estabilidad y coordinación funcional orientadas a un fin delictivo.
Para establecer el fraude de subvenciones, los sentenciadores valoraron la coincidencia entre las cifras consignadas en la acusación, los peritajes contables, la información entregada por las instituciones y la dinámica acreditada de emisión, venta y tramitación de licencias. A juicio del tribunal, estos antecedentes demostraron que los subsidios pagados no tenían su origen en verdaderas atenciones médicas, sino en una simulación organizada destinada a obtener recursos del sistema público y privado de salud.
En relación con el lavado de activos, la sentencia tuvo por demostrado que las operaciones efectuadas por ocho de los acusados comprendieron las tres etapas características de este delito: la colocación de los recursos mediante su ingreso a cuentas bancarias; la estratificación, mediante fraccionamiento, transferencias y conversiones; y la integración, a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Con estos antecedentes, el tribunal tuvo por acreditado que las tres organizaciones mantuvieron durante años un sistema estable y coordinado de emisión y comercialización de licencias médicas falsas, que permitió obtener fraudulentamente subsidios por incapacidad laboral, generar perjuicios multimillonarios al sistema de salud y, en parte de los casos, ocultar posteriormente el origen ilícito de los recursos obtenidos.
Vea sentencia Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Rol Nº122-2025.
Temas
Te puede interesar
Suscribirme a Newsletter