TC rechaza inaplicabilidad sobre régimen recursivo en procedimientos de familia y valida limitación de la apelación en incidentes probatorios

Asimismo, la sentencia puso énfasis en las particularidades del caso concreto, señalando que la resolución impugnada no rechazó la incorporación del medio probatorio solicitado, sino que únicamente postergó su discusión para la audiencia de juicio. En tal sentido, el Tribunal advirtió la ausencia de un agravio actual, elemento esencial para la procedencia de los recursos, y cuestionó que el requirente anticipara un eventual resultado desfavorable sin que este se hubiera materializado.

El fallo también descartó la alegada vulneración del derecho a la prueba, recordando que esta garantía no es absoluta y se encuentra condicionada a la pertinencia y necesidad del medio probatorio, así como al cumplimiento de las reglas procedimentales fijadas por el legislador. En la especie, destacó que el propio ordenamiento —a través del artículo 63 bis de la Ley N° 19.968— contempla la posibilidad de rendir prueba no ofrecida oportunamente, siempre que se cumplan los requisitos legales y el juez estime que resulta esencial para la resolución del asunto.

Finalmente, sostuvo que el sistema procesal de familia contempla mecanismos suficientes de revisión judicial, en la medida que las decisiones incidentales pueden ser controladas indirectamente a través de la apelación de la sentencia definitiva y, eventualmente, mediante recursos de casación en la forma, asegurando así el control por un tribunal superior, independiente e imparcial.

Con estos fundamentos, las Ministras (os) Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos y Mario Gómez concluyeron que no se configura en el caso concreto una vulneración del debido proceso ni de las garantías constitucionales e internacionales invocadas.

La sentencia se acordó con el voto en contra del Ministro Fernández y de la Ministra Peredo, quienes fueron de opinión de acoger la impugnación y declarar inaplicable los preceptos legales objetados.

Precisan que lo debatido ante la Magistratura no dice relación con la procedencia de incorporar la prueba solicitada ni con el contenido o mérito probatorio del informe pericial, sino exclusivamente con la oportunidad procesal en que debe resolverse dicha solicitud y con la posibilidad de someter esa decisión a revisión por un tribunal superior.

Al examinar la historia fidedigna de la Ley N° 19.968, los ministros disidentes destacaron que el artículo 26 fue incorporado mediante una indicación del Presidente de la República, con el propósito de regular expresamente la tramitación de los incidentes y evitar las dificultades que implicaría aplicar, en un procedimiento oral, las reglas del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, en relación con el artículo 67 N° 2, citaron doctrina especializada que sostiene que la apelación en el procedimiento de familia tiene un carácter extraordinario y de procedencia limitada, precisamente por insertarse en un sistema procesal oral.

En este marco, recordaron que las normas impugnadas establecen que sólo son apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación y aquellas que se pronuncian sobre medidas cautelares, disponiendo además que, tratándose de incidentes promovidos durante el transcurso de las audiencias, no procede recurso alguno.

No obstante lo anterior, el voto disidente sostiene que, en el caso concreto, la improcedencia del recurso de apelación derivada de la aplicación conjunta de los artículos impugnados resulta contraria a la Constitución, por vulnerar el derecho a un procedimiento racional y justo.

A juicio de la minoría, si bien el sistema recursivo de la Ley N° 19.968 fue diseñado de manera restrictiva para resguardar los principios de oralidad, concentración e inmediación que rigen los procedimientos ante los tribunales de familia, tales principios no se ven comprometidos cuando lo que se discute es el momento en que debe resolverse sobre la incorporación de una prueba nueva. Ello, por cuanto se trata de una controversia de derecho y de naturaleza estrictamente procesal, respecto de la cual el tribunal de alzada puede conocer y decidir sobre la base del debate entre las partes y de lo resuelto por el tribunal de primera instancia.

Por el contrario, la disidencia advirtió que diferir el examen de esta cuestión para la etapa de impugnación de la sentencia definitiva, en función de lo que se resuelva en la audiencia de juicio, puede afectar los derechos de ambas partes, tanto de quien solicita incorporar la prueba como de su contraparte, al privarlas de una revisión oportuna sobre una decisión procesal relevante.

En este sentido, concluyen que, tratándose de una cuestión relativa a la oportunidad en que debe resolverse la petición de incorporar prueba nueva, no se encuentran amenazados los principios de oralidad, concentración e inmediación, sino que, por el contrario, se ve comprometido el derecho constitucional a un procedimiento racional y justo.

Vea texto sentencia Tribunal Constitucional Rol N°16.610-25 y expediente.