Partido Radical recurre al TC para frenar su disolución

El Partido Radical de Chile interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 56, numeral 2, e inciso tercero, de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

La gestión pendiente en que incide el requerimiento de inaplicabilidad corresponde a una reclamación en tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), deducida en contra de los actos administrativos del Servicio Electoral (SERVEL) que dispusieron la disolución del Partido Radical de Chile. En dicha instancia se impugna la Resolución Administrativa N° 0051, de 6 de febrero de 2026, dictada por el Director Nacional del SERVEL, mediante la cual se declaró formalmente la disolución del partido y se ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. La causa se encuentra pendiente de resolución, cuya decisión podría incidir directamente en la subsistencia de la colectividad y en la interpretación de las normas sobre disolución de partidos políticos.

En cuanto a los preceptos legales impugnados, el requerimiento se dirige, en primer término, contra el artículo 56, numeral 2, de la Ley N° 18.603, que establece que los partidos políticos se disolverán si no alcanzan el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en al menos ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas. Asimismo, se cuestiona el inciso tercero del mismo artículo, que contempla una excepción, permitiendo la subsistencia del partido si elige un mínimo de cuatro parlamentarios —diputados o senadores— en al menos dos regiones distintas.

El requerimiento sostiene que la aplicación de estas normas vulnera diversas disposiciones constitucionales. En particular, denuncia la infracción del artículo 19 N° 15, relativo al derecho de asociación política y al pluralismo político; del artículo 19 N° 2, en cuanto a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria; del artículo 1°, inciso tercero, sobre la autonomía de los grupos intermedios; del artículo 4°, que consagra el carácter democrático de la República; y de los artículos 6° y 7°, referidos al principio de juridicidad y a la supremacía constitucional.

En relación con el derecho de asociación política, el libelo sostiene que la causal de disolución impugnada reduce la existencia de los partidos a un único indicador electoral, definido de manera arbitraria, desconociendo otras formas legítimas de representación política. A juicio del requirente, la norma sanciona el desempeño en una elección específica —la de diputados—, afectando directamente el pluralismo político al excluir colectividades con presencia efectiva en el sistema democrático.

Respecto del principio de igualdad ante la ley, la presentación afirma que la norma genera una diferenciación arbitraria entre partidos políticos, al tratar de igual manera situaciones sustancialmente distintas. En particular, sostiene que no considera la representación parlamentaria efectiva, el desempeño en otras elecciones de carácter nacional ni la diversidad territorial del apoyo electoral. Como ejemplo, compara la situación del Partido Radical de Chile —que obtuvo un 2,1% de los votos en la elección de diputados de 2025 y eligió dos parlamentarias— con la del Partido Liberal, que, con un 2,2% de los votos y la elección de cuatro parlamentarios, no fue disuelto, evidenciando que el factor decisivo no es el nivel de apoyo ciudadano, sino una consecuencia formal del sistema electoral.