Norma que establece que es el banco o el emisor quien debe probar que una transacción fue realizada por el cliente, no produce resultados contrarios a la Constitución.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad deducido respecto del artículo 4°, inciso quinto, de la Ley N°20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, en la frase “corresponderá al emisor probar que ella fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre”.

La precitada disposición legal establece:

“Artículo 4. – En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que ella fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre. Tratándose de un pago o transferencia electrónica iniciada a través de un proveedor de servicios de iniciación de pagos, corresponderá a dicho proveedor demostrar que, dentro de su ámbito de competencia, la operación fue autorizada por el usuario y registrada conforme a lo instruido por este último”. (Art. 4, inciso quinto, Ley N°20.009).