TC rechaza inaplicabilidad y mantiene límites para impugnar matrimonio en artículo de muerte

Añadió que la norma pretende evitar que terceros sin una vinculación jurídica directa cuestionen actos matrimoniales con relevantes efectos familiares, sucesorios y previsionales.

Por ello, descartó vulneraciones a la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acción, señalando que el acceso a la justicia no implica que cualquier persona pueda ejercer cualquier acción ni obliga a reconocer legitimación activa a quien legalmente no la tiene.

• Identificación del conflicto por el Tribunal

El Tribunal recordó que la requirente buscaba impedir la aplicación del artículo 46, letra c), de la Ley de Matrimonio Civil en el juicio de nulidad que promovió tras la muerte de su hija.

La demanda no fue admitida porque el Juzgado de Familia estimó que la mujer carecía de legitimación activa. Esa decisión fue recurrida y la apelación quedó pendiente ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

La requirente sostuvo que esa interpretación le impedía acceder a una decisión judicial sobre el fondo de su pretensión y vulneraba la supremacía constitucional, la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el debido proceso.

• Circunstancias particulares del matrimonio

El Tribunal recordó que la requirente cuestionó la validez del matrimonio celebrado pocos días antes de la muerte de su hija, destacando su grave enfermedad, hospitalización prolongada, ausencia de familiares, participación de testigos vinculados al contrayente y ciertas inconsistencias del acta, como el lugar de celebración y la declaración de que no existían hijos comunes.

También tuvo presente que la mujer no pudo firmar y debió estampar su huella dactilar debido a su delicado estado de salud. Sobre esos antecedentes, la madre sostuvo que no había existido un consentimiento matrimonial válido.

• Garantías constitucionales invocadas

El Tribunal precisó que la requirente denunciaba vulneración de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de acción, la seguridad jurídica y el principio de inexcusabilidad.

A su juicio, la norma creaba una categoría injustificada que le impedía accionar pese a tener un interés legítimo en obtener la nulidad. Según planteó, esta restricción revelaría desconfianza hacia terceros y una excesiva limitación del papel del juez.

• Análisis de la igualdad ante la ley

Respecto de la igualdad, el Tribunal recordó que para acreditar discriminación debe identificarse un parámetro válido de comparación entre personas que se encuentren en situaciones jurídicas equivalentes.

En el caso concreto, el artículo 46 impedía continuar la demanda porque la requirente, en calidad de madre de la fallecida, no era heredera de esta y, por tanto, no estaba entre quienes podían ejercer la acción de nulidad respecto de un matrimonio celebrado en artículo de muerte.

• Historia legislativa del artículo 46

La sentencia examinó la historia de la Ley de Matrimonio Civil y concluyó que el legislador adoptó deliberadamente un criterio restrictivo respecto de los terceros autorizados para demandar la nulidad de este tipo de matrimonios.

La intención fue reservar la acción a los herederos del cónyuge fallecido para evitar fraudes y, especialmente, impedir que terceros motivados únicamente por intereses económicos pudieran cuestionar el vínculo.

Durante la discusión legislativa se sostuvo que debía respetarse primordialmente la voluntad de los cónyuges de mantener su vínculo y que la intervención de terceros debía admitirse de manera muy limitada.

• La diferencia establecida por la ley es razonable

A partir de esos antecedentes, el Tribunal concluyó que la regla de legitimación era razonable y que no vulneraba la igualdad ante la ley.

La madre de la fallecida y el cónyuge sobreviviente no estaban en una situación jurídica equivalente: ella era ascendiente, mientras que él ostentaba la calidad de cónyuge. Además, el hijo común de ambos tenía la calidad de heredero.

El Tribunal reiteró que la igualdad no exige tratar de manera idéntica a personas que se encuentran en condiciones jurídicas diferentes, sino aplicar un trato equivalente a quienes se encuentren efectivamente en la misma situación.

• Debido proceso y derecho de acción

Enseguida, el Tribunal abordó la alegación relativa al debido proceso.

Recordó que el artículo 19 N°3 exige que toda sentencia se funde en un procedimiento previo legalmente tramitado, racional y justo, y que entre sus garantías se encuentran el derecho a la acción, el conocimiento oportuno de las pretensiones, el emplazamiento, la defensa jurídica, la producción y contradicción de la prueba, la bilateralidad de la audiencia y los recursos.

Sin embargo, precisó que el derecho a defensa no significa que una persona pueda ejercer cualquier acción sin requisitos o limitaciones legales. Admitir una concepción absoluta del derecho impediría al legislador establecer plazos, ritualidades, exigencias de legitimación y otras reglas procesales indispensables para estructurar procedimientos racionales.

• La regla de legitimación no vulnera el debido proceso

El Tribunal concluyó que el artículo 46, letra c), no vulnera el debido proceso ni el derecho de defensa.

La disposición simplemente establece quién tiene titularidad para ejercer la acción de nulidad matrimonial y esa delimitación, por sí misma, no produce un problema de constitucionalidad ni en abstracto ni en las circunstancias específicas examinadas.

• La controversia corresponde a una cuestión de legalidad

La sentencia añadió que el conflicto planteado era, en definitiva, una cuestión de legalidad ordinaria.

La requirente cuestionaba la interpretación efectuada por el Juzgado de Familia, que concluyó que no tenía legitimación activa por no ser heredera de su hija. Corresponde a los jueces de fondo determinar si efectivamente tiene o no legitimación para sustentar la demanda de nulidad, cuestión que excede el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.

• No existe afectación de los derechos en su esencia

El Tribunal tampoco advirtió vulneración de la igualdad, el derecho de defensa, el procedimiento racional y justo ni la garantía que impide al legislador afectar los derechos fundamentales en su esencia.

Señaló que el artículo 46 contiene únicamente una regla acerca de la titularidad de la acción y no priva a la requirente de aquello que resulta consustancial a alguno de sus derechos constitucionales hasta hacerlo irreconocible.

En definitiva, el Tribunal estimó que la limitación que reserva a los herederos la posibilidad de demandar la nulidad de un matrimonio celebrado en artículo de muerte responde a una opción legislativa razonable destinada a proteger la estabilidad del vínculo matrimonial y evitar la intervención de terceros sin una relación jurídica suficiente. La determinación concreta acerca de si la madre de la fallecida posee legitimación para demandar corresponde, en último término, a los tribunales que conocen del proceso de familia.

Por estas razones, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sin costas.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°17.063-25 INA y expediente.