Cuestionan ante el TC norma que permite rechazar la carta de nacionalización por criterios de “indignidad”

Con la Constitución de 1980 se introdujo el principio de dominio máximo legal en materia de nacionalidad, exigiendo que los procedimientos y causales de otorgamiento, negativa y cancelación fueran regulados por ley. Además, se limitó la pérdida de la nacionalidad a supuestos muy específicos, asociados a delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales del Estado, tipificados en una ley de quórum calificado. La doctrina —especialmente el profesor Miguel Ángel Fernández— sostuvo que estas hipótesis no admitían interpretación analógica ni extensión por vía administrativa.

La posterior derogación del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución en la reforma de 2005 eliminó incluso esa posibilidad, dejando sin sustento constitucional la aplicación del artículo 8° del D.L. N°747 en términos de “ocurrencias que hagan indigno” al nacionalizado. Ello implica que hoy no existe habilitación constitucional para negar o cancelar la nacionalidad por criterios distintos a los establecidos expresamente en la ley.

Esta conclusión se refuerza con la dictación de la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325), que derogó el artículo 3° del D.L. N°747 y fijó taxativamente, en su artículo 86, los únicos impedimentos para otorgar la carta de nacionalización, todos vinculados a condenas penales recientes por crímenes o simples delitos. Con ello se eliminó cualquier espacio para negar la nacionalización por razones genéricas de interés o seguridad nacional.

Asimismo, la ratificación por Chile de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia restringe aún más las hipótesis admisibles de pérdida de la nacionalidad y exige que estas estén previstas por ley y acompañadas de un procedimiento que asegure el debido proceso y la defensa del afectado.

Pese a este marco normativo, sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior han sostenido que existiría una potestad discrecional para negar la nacionalización sobre la base de antecedentes no contemplados en la ley, tales como investigaciones penales sin condena, salidas alternativas, infracciones de tránsito, deudas comerciales o incluso expresiones ofensivas. El fundamento de esta práctica se encontraría en una interpretación amplia del artículo 2° y 8° del D.L. N° 747, entendiendo la nacionalidad como una “gracia” sujeta al mérito del solicitante.

El requirente alega que dicha interpretación es abiertamente inconstitucional, pues: (i) vulnera el principio de dominio máximo legal al crear causales no previstas en la ley; (ii) se apoya en una norma constitucional derogada; (iii) impone una sanción sin ley previa, desconociendo la presunción de inocencia y el principio de legalidad penal; y (iv) carece de densidad normativa suficiente, habilitando arbitrariedades y discriminaciones contrarias a la igualdad ante la ley.

Finalmente, argumenta que los conceptos de dignidad, indignidad y mérito son tan vagos como otros estándares ya declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional —como la “buena conducta” en el acceso a la profesión de abogado— y que su aplicación sin parámetros objetivos infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad, otorgando a la autoridad una “carta blanca” incompatible con el Estado de Derecho.

En conclusión, el requirente sostiene que la interpretación y aplicación impugnada vulnera directamente la Constitución Política, al infringir tres garantías fundamentales.

Primero, se desconoce el inciso final del artículo 10, que reserva de manera expresa a la ley la regulación de los procedimientos y causales de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, ámbito en el cual la autoridad administrativa no puede innovar ni crear criterios propios.

Segundo, se infringe el numeral 2 del artículo 19, al permitir que la autoridad establezca diferencias arbitrarias entre solicitantes de nacionalidad, basadas en valoraciones subjetivas y discrecionales carentes de parámetros legales objetivos.

Tercero, se vulnera el numeral 3 del artículo 19, en cuanto se impone en los hechos una sanción —la imposibilidad de obtener la nacionalidad— sin ley previa que la autorice, afectando el principio de legalidad penal y la prohibición de establecer penas respecto de conductas no expresamente descritas en la ley.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente por el plazo de 10 días para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso de que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento y expediente Rol N°17367-26.