Contraloría · página 6

Es posible que perciban conjuntamente el bono adicional de la ley N°20.948 y la indemnización por años de servicios del Código del Trabajo si el cese de funciones es por necesidades de la empresa y cumplen los demás requisitos exigidos

El órgano contralor indicó que la modificación introducida por la Ley N° 21.634 dejó sin regulación expresa la enajenación de vehículos municipales, por lo que las entidades edilicias deben abstenerse de efectuar remates u otras formas de disposición hasta que se dicte una norma específica.

El órgano contralor recordó que los municipios tienen la obligación de implementar catastros, protocolos de coordinación y medidas de rescate para evitar el abandono o sacrificio de animales durante desalojos de tomas o campamentos, conforme a la Ley de Tenencia Responsable.

El órgano contralor precisó que los funcionarios de universidades estatales que, tras acogerse a un incentivo al retiro, son reincorporados bajo la modalidad de “Académico de Excelencia”, no pueden obtener nuevas bonificaciones asociadas al cese de funciones, debido a las restricciones expresas establecidas en las leyes N° 20.374, 21.043 y 21.405.

En respuesta a una consulta de la Municipalidad de La Serena, la Contraloría concluyó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla no puede acogerse a los procedimientos de liquidación regulados por la Ley N° 20.720, al estar sujeta a un régimen jurídico de derecho público. Su disolución debe realizarse conforme a sus estatutos y que el municipio deberá reasumir las funciones y el personal traspasado.

El Ejecutivo formalizó el fin de Punta Peuco como recinto especial para condenados por violaciones a los Derechos Humanos, luego de que Contraloría General de la República tomara de razón del decreto que lo convierte en un penal común, aunque con alcance.

El órgano contralor precisó que la obligación establecida en la Ley N° 20.880 rige únicamente para las autoridades ejecutivas de la universidad, excluyendo al Senado Universitario por su carácter representativo y académico.

El órgano contralor determinó que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) actuó improcedentemente al excluir la oferta de la Pontificia Universidad Católica de Chile del concurso “Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025”, señalando que debía aplicarse una interpretación que favoreciera la libre concurrencia y la participación de los oferentes.

El órgano contralor precisó que el nuevo instrumento de financiamiento para educación superior contempla pagos contingentes al ingreso de los beneficiarios, por lo que solo podrán reconocerse como activos una vez determinados los montos a cobrar, mientras que sus expectativas de recuperación pueden clasificarse como activos contingentes según la normativa contable vigente.

El órgano contralor determinó que las transferencias de recursos a corporaciones municipales solo son procedentes cuando las subvenciones estatales resulten insuficientes, debiendo acreditarse su necesidad y cumplir las normas sobre control y rendición del gasto.

El pronunciamiento determinó que los protocolos de acuerdo firmados entre Corporaciones de Asistencia Judicial, el Ministerio de Justicia y asociaciones de funcionarios son meras declaraciones de propósitos, carecen de carácter vinculante y no pueden sustituir la normativa legal vigente en materia de remuneraciones, beneficios o incentivos al retiro.

El órgano contralor estableció que los recursos obtenidos por el Instituto de Seguridad Laboral a través de la recuperación de licencias médicas no forman parte del patrimonio del Seguro Social de la Ley N° 16.744, por lo que deben ser ingresados al Fisco conforme a lo dispuesto en las leyes de presupuestos de 2024 y 2025.

El pronunciamiento establece que los funcionarios no pueden acumular más de dos períodos consecutivos de feriado, incluso si su goce se vio impedido por licencias médicas o descanso maternal, complementando la jurisprudencia anterior y ratificando la legalidad de la normativa vigente.

El organismo de control descartó que la agrupación de los medicamentos palbociclib, ribociclib y abemaciclib en la misma categoría terapéutica constituyera una decisión arbitraria, señalando que la Subsecretaría de Salud Pública y FONASA actuaron dentro de sus atribuciones y con fundamento técnico, sin que corresponda a la Contraloría evaluar aspectos científicos o clínicos de la medida.

Ratificó que las auditorías realizadas por la Contraloría pueden incluir un examen de cuentas y fundar un juicio de cuentas, precisando además que el plazo de un año del artículo 96 de la Ley N° 10.336 se satisface con la presentación del reparo, sin requerir su notificación dentro de dicho término.

El órgano contralor determinó que los nombramientos de titulares por tiempo limitado y las suplencias sucesivas realizadas por la administración comunal infringieron la normativa municipal y los principios de eficiencia y eficacia del artículo 5° de la Ley N°18.575, instruyendo al municipio proveer los cargos vacantes mediante los procedimientos legales dentro de veinte días hábiles.

El órgano contralor precisó que las entidades públicas deben registrar y reintegrar los recursos derivados de notas de crédito emitidas tras el pago de facturas, aplicando las instrucciones presupuestarias y contables vigentes para asegurar la correcta rendición de fondos fiscales.

El órgano contralor precisó que la Ley N° 21.258 protege a los funcionarios diagnosticados con cáncer frente a actos discriminatorios, pero no contempla un fuero laboral que impida su despido o modificación de funciones durante el tratamiento, ya que dicha medida fue descartada por el legislador.

El organismo precisó que la calidad de servidor público exige un comportamiento adecuado tanto en el desempeño de sus funciones como en su vida privada, siempre que su conducta pueda afectar la reputación del servicio o vulnerar la lealtad hacia jefaturas, compañeros y la comunidad.

La Contraloría aclaró que la exigencia de un curador para el ejercicio del beneficio de rebaja arancelaria en la importación de vehículos para personas con discapacidad mental es procedente, reforzando medidas de protección y salvaguardias, mientras que los criterios anteriores que vinculaban la franquicia a la licencia de conducir han quedado derogados.

El pronunciamiento resolvió que la cónyuge e hija de un exfuncionario municipal fallecido tienen derecho a la bonificación por retiro voluntario prevista en la Ley N° 21.647, siempre que se acrediten los requisitos legales. El órgano contralor instruyó al municipio y a la SUBDERE concluir la tramitación del beneficio e informar los resultados en un plazo de 15 días hábiles.

El pronunciamiento determinó que los SLEP son responsables de cubrir los gastos de aseo e higiene de los establecimientos educacionales que administran y que se utilicen como locales de votación, mientras que los alcaldes deben proveer el mobiliario y la infraestructura electoral, garantizando la coordinación entre ambas instituciones y el cumplimiento de la ley durante los procesos eleccionarios.

El órgano contralor instruyó a la Superintendencia adoptar medidas para concluir una investigación pendiente y decidir fundadamente si inicia un procedimiento sancionatorio por presuntos incumplimientos ambientales de una empresa sanitaria. Recordó que la entidad debe ejercer sus potestades fiscalizadoras y sancionatorias conforme a los principios de celeridad, eficiencia y economía procedimental.

El órgano contralor concluyó que la utilización de fotografías o retratos de las autoridades edilicias en dependencias o publicaciones municipales vulnera las normas sobre uso de recursos públicos y carece de finalidad institucional.

La Contraloría confirmó que la adquisición de una vivienda entre la postulación y la firma de la escritura constituye causal de exclusión del subsidio del Programa de Integración Social y Territorial, reiterando que la normativa se aplica incluso cuando el contrato se realiza mediante escritura privada.

El pronunciamiento respondió a una consulta de los diputados Miguel Mellado y Carla Morales, quienes cuestionaron el uso de recursos fiscales por parte del INDH en acciones judiciales derivadas del estallido social. La Contraloría aclaró que dichas actuaciones se enmarcan dentro de sus atribuciones legales, aunque recordó que el Instituto debe cumplir sus funciones con eficiencia y probidad en la administración de los recursos públicos.

El órgano contralor determinó que la medida se ajusta a las atribuciones legales de la cartera de Estado, aunque instó a garantizar la entrega oportuna de los materiales pedagógicos, luego de que las guías no estuvieran disponibles durante el primer semestre de 2024.

El órgano contralor recordó que las bases y adjudicaciones de los procesos licitatorios relativos a la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios están sujetas al control preventivo de legalidad. Si bien se abstuvo de pronunciarse sobre casos concretos por falta de antecedentes, reiteró que dichos contratos deben aprobarse mediante decreto alcaldicio sometido a toma de razón, conforme a la Ley N° 19.886 y al Decreto N° 316 de 2022.

El pronunciamiento establece que, de manera excepcional y mediante estipulación expresa en sus contratos, funcionarios a honorarios con calidad de agentes públicos pueden ejercer funciones críticas de rendición de cuentas en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC), reforzando la supervisión y control administrativo en la gestión de recursos públicos.

La Contraloría General de la República ha aprobado la Resolución Exenta N° E20892/2025, que declara infracción grave al principio de probidad contra la ex alcaldesa Lorena Facuse Rojas por reuniones políticas realizadas en horario laboral en dependencias municipales. Con esta determinación corre el riesgo de ser inhabilitada durante cinco años para ejercer cargos públicos, en un contexto donde el nepotismo y la reincidencia se suman como agravantes.