Órdenes de arresto contra exgerente de Corporación Cultural de Viña del Mar en causa por deudas previsionales se dejan sin efecto por Corte de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la sentencia impugnada dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de la ciudad y acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa del exgerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar y ordenó dejar sin efecto las órdenes de arresto decretadas en su contra en causa por deudas previsionales de un trabajador, por considerar que carecen de fundamento legal, configurando una amenaza actual a su libertad personal y seguridad individual.

Se interpuso una acción constitucional de amparo preventivo en favor del exgerente debido a dos órdenes de arresto dictadas el 30 de diciembre de 2024 por supuestas deudas previsionales. Se argumentó que las órdenes de arresto son ilegítimas porque ya no ostentaba representación legal de la entidad al momento de interponerse las demandas ejecutivas.

Luego que las deudas corresponden a cotizaciones impagas de un trabajador por ejecuciones iniciadas por la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC), pero en una causa laboral previa la demanda fue acogida solo contra la Municipalidad de Viña del Mar y expresamente rechazada respecto de la Corporación Cultural.

Asimismo, alega que ha entregado antecedentes al tribunal para solicitar el alzamiento de las órdenes sin obtener respuesta y la mantención de las órdenes amenaza su libertad personal al no existir fundamento legal ni vínculo jurídico que las justifique, vulnerando la garantía constitucional de libertad personal y seguridad individual.

La Jueza Titular del Juzgado de Cobranza informó que ambas causas fueron iniciadas por la AFC contra la Corporación Cultural de Viña del Mar y se basaron en resoluciones administrativas que fijaron los montos adeudados. En ambas causas, las órdenes de arresto fueron decretadas a solicitud de la ejecutante, tras un proceso ejecutivo que, a juicio del tribunal, cumplió con todas las exigencias del debido proceso legal, incluyendo notificaciones por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, rechazándose incidentes de nulidad y recursos sucesivos presentados por la ejecutada.

Citó el artículo 18 de la Ley N°17.322, que impone a las personas jurídicas el deber de informar la designación y cese de sus representantes legales ante las instituciones previsionales.