Corte de Temuco valida traslado de condenado por crimen de carabinero

Asimismo, destacó que, junto con rechazarse la solicitud de dejar sin efecto el traslado, se adoptaron resguardos para analizar la posibilidad de que el condenado pudiera permanecer en un recinto adecuado dentro de la Región de La Araucanía y para verificar sus condiciones de salud y reclusión en el establecimiento de destino.

El tribunal precisó, además, que la instrucción destinada a exigir autorización judicial previa para futuros traslados había sido dictada únicamente respecto de Francisco Painevilo, atendida su condición de imputado sujeto a prisión preventiva. Esa exigencia no era aplicable al amparado, quien se encuentra cumpliendo una condena firme.

La resolución constató que el traslado estuvo precedido por el correspondiente informe técnico penitenciario. Sus fundamentos no se limitaron a la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado, sino que también consideraron su clasificación como integrante de la Población Penal de Riesgo, las manifestaciones externas de apoyo, los atentados en los que se habría reivindicado su figura, la influencia que la administración penitenciaria le atribuye dentro del recinto, sus anotaciones disciplinarias, la extensión de la condena y la evaluación de que el establecimiento de origen no reunía las condiciones de seguridad adecuadas para sus características.

La Corte reconoció que la permanencia prolongada del condenado en el módulo de comuneros, junto con sus antecedentes laborales y de capacitación, constituían elementos favorables y daban cuenta de actividades vinculadas con su proceso de reinserción social. Sin embargo, estimó que esos antecedentes no eran suficientes para dejar sin efecto la evaluación de seguridad realizada por Gendarmería.

El tribunal tuvo presente, además, que el registro acompañado por la institución penitenciaria consignaba siete episodios disciplinarios ocurridos entre 2021 y 2025. Cinco de ellos contaban con resolución firme y dos habían sido dejados sin efecto. Debido a ello, concluyó que no era posible afirmar, como un hecho indiscutido, que durante toda su reclusión no se hubiera registrado incidente alguno.

En relación con el vínculo familiar, la sentencia recordó que el artículo 53, inciso segundo, del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone que, para proteger el derecho a visitas, las personas condenadas deben permanecer preferentemente recluidas cerca de su lugar habitual de residencia.

La Corte sostuvo que esa preferencia obliga a la administración a considerar seriamente el impacto familiar que produce un traslado. No obstante, aclaró que no constituye un derecho absoluto a permanecer en un establecimiento determinado, pues debe conciliarse con las medidas de seguridad permitidas por el artículo 28 del mismo reglamento.

En este caso, las razones de seguridad fueron identificadas de manera concreta, por lo que la afectación familiar derivada del traslado no bastaba para dejarlo sin efecto.

Sin perjuicio de ello, el fallo ordenó que Gendarmería considere ese impacto en las revisiones periódicas exigidas por la normativa y adopte las medidas necesarias para mantener el vínculo del condenado con su familia.

Finalmente, la Corte concluyó que Gendarmería actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, cumplió las exigencias formales establecidas en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y expresó razones concretas vinculadas con la seguridad y la gobernabilidad del sistema penitenciario.

La decisión tampoco fue considerada irrazonable, puesto que los antecedentes invocados se relacionaban con la finalidad de proteger a los funcionarios, a las demás personas privadas de libertad y al propio condenado.

Por estas razones, el tribunal descartó la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que privara, perturbara o amenazara la libertad personal o la seguridad individual del amparado, en los términos del artículo 21 de la Constitución, y rechazó el recurso de amparo.

Vea sentencia Corte de Temuco Rol Nº387-2026.