Corte de Valparaíso ordena a ISAPRE recalcular restitución por aplicación errónea de la Tabla Única de Factores.

Al evacuar informe, Isapre Cruz Blanca solicitó el rechazo de la acción, señalando que el proceso de adecuación y cálculo de la deuda se realizó en estricto cumplimiento de la Ley N° 21.674 y de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Salud mediante la Circular IF N° 470 y sus complementarias, así como de las resoluciones que aprobaron su Plan de Pago y Ajustes. Sostuvo que no existía ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la ISAPRE se limitó a aplicar la fórmula legal vigente para la industria, en ejecución de un mandato legal expreso y bajo la supervisión de la autoridad reguladora.

Agregó que la normativa estableció un mecanismo obligatorio para que las ISAPRES dieran cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema sobre la Tabla Única de Factores y que, en ese contexto, la Superintendencia de Salud instruyó un procedimiento específico para el cálculo de la deuda, la determinación del precio final de los contratos y la propuesta de planes de pago. En consecuencia, afirmó que el monto informado al recurrente no obedecía a una decisión discrecional, sino a la aplicación aritmética de fórmulas validadas por la autoridad competente.

En su fallo, la Corte recordó que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías constitucionales frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Precisó que el acto impugnado consistía en la determinación y comunicación del monto de la restitución por cobros en exceso y el ajuste del precio base del plan de salud del recurrente, efectuado por la ISAPRE al amparo de la Ley N° 21.674.

El tribunal señaló que, si bien dicha ley estableció un mecanismo para cumplir con los fallos de la Corte Suprema relativos a la Tabla de Factores, su aplicación no puede desnaturalizar el mandato judicial original ni vulnerar derechos adquiridos por los afiliados.

Recordó que el máximo Tribunal, en sentencia Rol N° 12.164-2022, estableció que la aplicación de la Tabla Única de Factores debe ser efectiva y no meramente nominal, y que la restitución de los cobros en exceso debe ser íntegra, prohibiendo mecanismos que, en la práctica, licúen la deuda mediante prorrateos o mutualizaciones ajenas a la relación contractual individual.

Asimismo, citó jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, recaída en los autos Rol N° 31.454-2025, en la que se reafirma que los procedimientos administrativos de la Ley N° 21.674 no pueden servir para validar cálculos que perpetúen discriminaciones o deriven en restituciones irrisorias o erróneas.

En el caso concreto, la Corte advirtió que el cálculo comunicado al recurrente no explicitó de manera transparente cómo se depuraron los factores de riesgo antiguos ni justificó las deducciones aplicadas, generando una incertidumbre que devino en arbitrariedad.

El fallo concluyó que la facultad de la ISAPRE para adecuar los contratos conforme a la denominada “Ley Corta de ISAPRES” tiene como límite el respeto irrestricto a la cosa juzgada de los fallos que ordenaron eliminar los factores discriminatorios. Validar un cálculo opaco o una restitución inferior a la que aritméticamente corresponde implicaría vaciar de contenido la protección judicial y configurar una nueva vulneración al derecho de propiedad del afiliado.

Por estas consideraciones, la Corte estimó que el acto recurrido era arbitrario, al carecer de fundamentación técnica individualizada que permitiera al afiliado verificar el cumplimiento íntegro de la obligación de restituir sin mutualización, y acogió el recurso de protección, con costas, ordenando a la ISAPRE dejar sin efecto la comunicación impugnada y realizar un nuevo cálculo de la deuda y del precio final del plan, debiendo notificar al recurrente el detalle pormenorizado de dicha liquidación en un plazo no superior a 30 días.

Vea sentencia Corte de Valparaíso Rol N° -7335-2024