Asociación no puede recurrir de protección sin identificar a los funcionarios afectados, confirma Corte Suprema

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección interpuesto por una asociación de funcionarios en contra de la Universidad de Magallanes, luego de concluir que carecía de legitimación activa en el recurso de protección, al no individualizar a las personas que habrían resultado afectadas por los criterios establecidos para ajustar la dotación de personal de la casa de estudios.

La recurrente sostuvo que la Universidad estableció, dentro del procedimiento de reestructuración y reducción de personal, un criterio de desempate que perjudicaba a los funcionarios que mantuvieran deudas morosas con la propia institución. Dicho factor, que tenía una ponderación del 15%, consideraba obligaciones por Fondo Solidario, aranceles, créditos internos y otros compromisos financieros, pudiendo incidir en la permanencia del trabajador cuando existieran funcionarios con similares funciones, competencias y trayectoria.

Alegó que utilizar la situación económica de los funcionarios para decidir su continuidad constituía una discriminación arbitraria, pues la existencia de deudas no guarda relación con su desempeño, competencias o idoneidad para el cargo. Añadió que el criterio penalizaba a quienes se encontraban en una situación económica más vulnerable y permitía que la Universidad actuara simultáneamente como empleadora y acreedora, utilizando el proceso de ajuste de personal como un mecanismo indirecto de presión para obtener el pago de las deudas.

La Universidad de Magallanes solicitó el rechazo del recurso y alegó, en primer término, que la asociación carecía de legitimación activa en el recurso de protección, pues no individualizó a los funcionarios cuyos derechos habrían sido afectados por el procedimiento cuestionado. Añadió que la acción parecía haber sido presentada en favor de la propia asociación, pese a que esta no fue destinataria del proceso de racionalización ni estuvo sometida a los criterios establecidos para determinar la continuidad del personal.

Asimismo, sostuvo que el procedimiento ya había sido aplicado y que ninguno de los funcionarios cuya contrata no fue renovada para 2026 mantenía las deudas consideradas por el criterio impugnado, por lo que este no habría determinado desvinculación alguna. Defendió además la legalidad de la medida, señalando que la morosidad con fondos creados con recursos públicos podía relacionarse con el cumplimiento de obligaciones funcionarias y que el decreto fue dictado dentro de las atribuciones y autonomía de la Universidad.

La Corte de Punta Arenas comenzó recordando que el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar, destinada a entregar una tutela rápida, expedita y eficaz frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el ejercicio de determinadas garantías fundamentales. Precisó que para su procedencia debe acreditarse la existencia de la conducta reprochada, su carácter ilegal o arbitrario, una afectación directa e inmediata de alguno de los derechos protegidos y, además, que el tribunal se encuentre en condiciones jurídicas y materiales de adoptar una medida que permita restablecer el imperio del derecho.