Tribunal de EE.UU. ordena garantizar debido proceso a migrantes venezolanos expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Un juez federal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) dictó una orden dirigida al gobierno federal, instruyendo el restablecimiento de las garantías del debido proceso para un grupo de migrantes venezolanos que fueron expulsados del país y remitidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La resolución judicial surge tras analizar la legalidad del procedimiento aplicado por el gobierno en marzo, el cual utilizó facultades extraordinarias para efectuar los traslados.

El magistrado concluyó en su dictamen que la operación, que involucró a 137 personas, careció de sustento jurídico adecuado. Según el fallo, la decisión del Ejecutivo de catalogar a estos individuos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) y enviarlos a la prisión de máxima seguridad salvadoreña fue ilegal. El tribunal sostuvo que las autoridades actuaron con conocimiento de los riesgos implicados en el destino final de los detenidos y que la celeridad del proceso tuvo como objetivo principal evitar el escrutinio de los tribunales estadounidenses.

La orden judicial establece un plazo perentorio de dos semanas para que el gobierno presente un plan detallado que subsane las violaciones detectadas. Dicho plan deberá contemplar opciones viables para garantizar el debido proceso, las cuales podrían incluir el retorno de los deportados a Estados Unidos o la implementación de mecanismos legales que les permitan ejercer sus derechos desde el extranjero.

No obstante, la implementación del fallo enfrenta obstáculos fácticos significativos. El documento judicial reconoce que la reparación se ve dificultada por la situación actual de los afectados, quienes en julio fueron trasladados desde El Salvador hacia Venezuela. Este movimiento formó parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros ejecutado entre Washington y Caracas, lo que añade una capa de complejidad diplomática y logística al cumplimiento de la sentencia.

El dictamen se da en un contexto de agudización de las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Recientemente, la Casa Blanca intensificó su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro mediante el anuncio, realizado el 16 de diciembre, de un bloqueo a buques petroleros sancionados, medida que busca ejercer presión sobre la economía venezolana. Adicionalmente, el mandatario estadounidense ha utilizado sus plataformas digitales para calificar a la dictadura venezolana como una organización terrorista extranjera.

Vea texto de la resolución.