Tribunal Constitucional · página 11

No existe un derecho constitucional a la revisión judicial de todas y cada una de las resoluciones dictadas en un procedimiento judicial. Aun cuando ley concursal excluye la apelación en determinados casos, permite interponer reposición conforme a las reglas generales y recurrir de casación en los casos y formas establecidos en la ley. La imposibilidad de interponer recursos ordinarios o extraordinarios, derivada de la aplicación del artículo objetado, vulnera diversos preceptos constitucionales, en relación con el artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imp

El requirente sostiene que la norma vulnera los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y taxatividad, al penalizar la tenencia de un arma de fogueo que no puede disparar en su estado actual. El requerimiento apunta a impedir que el imputado sea sancionado penalmente por un hecho que no representa un peligro real para la seguridad pública y cuya eventual peligrosidad depende de actos futuros inciertos.

La Magistratura declaró inconstitucional el artículo 52 del Presupuesto 2026, que supeditaba la dictación del decreto supremo destinado a determinar los sitios prioritarios que pasarían a regirse por la Ley de Biodiversidad a la previa dictación de su reglamento, por estimar que dicha exigencia excedía las ideas matrices de la Ley de Presupuestos y alteraba indebidamente una ley permanente.

La Magistratura rechazó un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 429 del Código del Trabajo, reiterando que la improcedencia del abandono del procedimiento en la ejecución laboral persigue una finalidad constitucionalmente legítima, vinculada a la protección del trabajador y de sus cotizaciones previsionales, y no vulnera el debido proceso ni el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Norma permite a municipios cobrar por materiales extraídos de predios particulares. Alega vulnerado el "principio de legalidad tributaria", al ser un cobro sin correlación con un servicio o permiso municipal específico. Contraviene el "derecho de propiedad", al privar del goce económico sin ley expropiatoria ni indemnización. Conculca el "principio de proporcionalidad e igualdad en las cargas públicas", al ser un cobro desproporcionado y potencialmente confiscatorio

El requerimiento cuestiona la aplicación de las reglas de prueba indiciaria y del test de proporcionalidad, propias del procedimiento de tutela laboral, al estimar que su utilización en una acción por prácticas antisindicales iniciada por el empleador vulneraría la igualdad ante la ley y el debido proceso del trabajador y del sindicato denunciado.

Fue despedida por "pérdida de confianza" sin expresarse hechos concretos que fundamentan la decisión. Alega que normas cuestionadas vulneran el derecho a defensa y el debido proceso, el principio de reserva legal al regularse por reglamento materias de derechos fundamentales, atentan contra la dignidad humana y generan arbitrariedad, y que al impedirse el control judicial efectivo sobre la causa del despido se contraviene la supremacía constitucional

Concluye que la restricción de apelaciones busca agilizar el proceso y no vulnera el debido proceso. Se trata de una cuestión de interpretación legal, no constitucional. El derecho al recurso no implica necesariamente el derecho a apelar todas las resoluciones. Legislador tiene autonomía para diseñar el régimen de recursos, siempre que respete las garantías constitucionales.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un sindicato de docentes, al concluir que la controversia sobre la reducción del sueldo base y la eliminación de bonos tras el ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente corresponde a un problema de interpretación legal y no a un conflicto de constitucionalidad.

El requerimiento cuestiona la embargabilidad de subvenciones escolares en un procedimiento de cobranza laboral, sosteniendo que la excepción legal que permite medidas judiciales vulnera el derecho a la educación y el derecho de propiedad, al afectar recursos públicos destinados exclusivamente al funcionamiento de un establecimiento educacional gratuito.

La requirente impugna el artículo 2472 N° 5 del Código Civil, que equipara las cotizaciones previsionales con los créditos laborales en la primera clase de preferencia, lo que en un procedimiento concursal concreto permitiría que instituciones previsionales absorban la totalidad de la masa, excluyendo por completo el pago a los trabajadores pese a existir activos suficientes.

La requirente argumenta que la aplicación de estas normas vulnera el derecho al debido proceso y la igualdad ante la ley, al exigir una carga procesal innecesaria en un procedimiento que se tramita electrónicamente. Sostiene que esta exigencia carece de fundamento actual, ya que los Tribunales Tributarios y Aduaneros ahora tramitan sus causas en forma digital, por lo que mantener esta obligación constituye una diferencia arbitraria que afecta el derecho al recurso.

Alega vulnerada igualdad ante la ley al permitir desvinculaciones sin fundamento. Infringe el principio de juridicidad al desconocer la exigencia de motivación de actos administrativos. Conculca el debido proceso al validar actos carentes de fundamento. Vulnera la protección frente a la arbitrariedad al aplicar la norma sin considerar el marco constitucional completo

La requirente impugna el precepto concede la apelación en el solo efecto devolutivo respecto de las resoluciones dictadas en el cumplimiento incidental de la sentencia, lo que en el caso concreto permitiría el lanzamiento de un inmueble y la pérdida de la posesión antes de que el tribunal superior revise la legalidad de la resolución impugnada.

Restricción de impugnaciones de órganos públicos en casos de acceso a información no vulnera el artículo 8° de la Constitución ni el debido proceso. Los estándares internacionales invocados, si bien son un marco interpretativo válido, no eximen al requirente de demostrar la vulneración concreta de derechos fundamentales. Se valoró el diseño institucional que busca equilibrar publicidad y reserva. La mayoría estimó razonable limitar el reclamo en ciertos casos para evitar abusos

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la sanción de inhabilidad perpetua para conducir prevista en la Ley de Tránsito, estimando que la pena resulta proporcional y constitucionalmente legítima frente a la conducta de huir del lugar de un accidente con personas lesionadas, pese a la disidencia que la calificó de excesiva cuando solo se produjeron lesiones leves.

El requirente cuestiona la aplicación del artículo 299 N° 3 del Código de Justicia Militar, declarado inconstitucional en 2022, en el marco de un juicio de repetición seguido por el Fisco, alegando que una norma penal expulsada del ordenamiento no puede servir de fundamento para atribuir responsabilidad civil por falta personal.

La requirente solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable el inciso final del artículo 51 N°10 de la Ley de Protección al Consumidor, sosteniendo que la facultad del juez para tener por acreditadas alegaciones del SERNAC ante la no entrega de documentos vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, especialmente considerando la orden judicial de digitalizar más de 31.000 contratos en la gestión pendiente.

En la sede del Tribunal Constitucional (TC), se realizó el seminario “Justicia y derechos en evolución: experiencias desde la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en materia de igualdad y no discriminación”, organizado conjuntamente por ambas Magistraturas. En la instancia se compartieron avances institucionales y criterios jurisprudenciales en materia de igualdad y no discriminación en la administración de justicia. La actividad contó con la participación de Ministras y Ministros de ambos Tribunales, además de representantes de la comunidad jurídica.

La Magistratura deberá ejercer control preventivo obligatorio sobre las normas del proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles en educación parvularia, básica y media, iniciativa que obtuvo el quórum requerido en ambas cámaras y que quedará en condiciones de ser promulgada si el Pleno declara su conformidad con la Constitución.

La requirente sostiene que las normas cuestionadas permitirían iniciar un procedimiento concursal de liquidación sin acreditar la insolvencia real del deudor y sin posibilitar la revisión de la decisión vía apelación, lo que implicaría una afectación desproporcionada al debido proceso y al ejercicio de actividades económicas en la gestión pendiente.

La Magistratura rechazó la impugnación promovida contra el artículo 358 N°2 del Código de Procedimiento Civil, al concluir que la tacha cuestionada fue resuelta con base en otra causal y que la norma sobre ascendientes ilegítimos carece de aplicación en el caso. Además, afirmó que las inhabilidades constituyen una limitación razonable a la prueba testimonial y no afectan la protección de la familia ni la igualdad ante la ley.

El TC sostuvo que la controversia planteada por la requirente se circunscribe a la forma en que se practicó la notificación en el caso concreto, incluyendo la entrega de los antecedentes a una trabajadora que no los hizo llegar a las autoridades del establecimiento, materia que corresponde a un asunto de legalidad propio de los tribunales del fondo y que no permite atribuir al precepto impugnado una vulneración autónoma de la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso ni la seguridad jurídica.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto del Estatuto Municipal permite destituir a una funcionaria embarazada sin desafuero previo, desconociendo la protección reforzada de la maternidad y generando efectos inconstitucionales en el análisis que deberá efectuar la Corte Suprema.

La Magistratura ratificó que la exclusión de Carabineros y sus cargas del régimen general de urgencias responde a la existencia de un sistema de salud propio, descartando una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Un voto disidente sostuvo que la norma genera un trato arbitrario que restringe el acceso efectivo a prestaciones de emergencia.

La requirente solicita que se declare inaplicable el artículo 26 letra b) del Reglamento del artículo 3-A de la Ley N° 18.918, que autoriza poner término al contrato del personal parlamentario sin necesidad de indicar hechos que fundamenten la pérdida de confianza. Sostiene que la aplicación de este precepto en un juicio de tutela laboral impide ejercer defensa efectiva y vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.

Duración puede exceder la pena principal sin constituir desproporción. Ambas responden a finalidades diferenciadas. Determinación de penas es materia de política criminal y de exclusiva competencia legislativa. Voto por acoger: el legislador puede contemplar penas accesorias para impedir el acceso a cargos públicos, pero en lo referente al sufragio, la inhabilitación absoluta y perpetua del artículo 28 del Código Penal vulnera los principios de proporcionalidad, reinserción social y dignidad de la persona, al impedir la recuperación plena del derecho electoral una vez finalizada la condena.

La requirente alega que la regla procesal que obliga a oponer todas las excepciones en un solo escrito impide una adecuada revisión de la prescripción alegada en el juicio ejecutivo, afectando su derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La requirente sostiene que el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil vulnera garantías constitucionales al permitir que el tribunal fije, en única instancia y sin recurso alguno, el monto de la fianza de resultas necesaria para suspender la ejecución de una sentencia, lo que afectaría el debido proceso y la tutela judicial efectiva en un juicio ejecutivo de cobro de cotizaciones previsionales.

Alega vulnerada autonomía municipal al impedir la adaptación oportuna del servicio educativo. Infringe el principio de juridicidad al sobreponerse el control judicial de mérito a decisiones administrativas. Conculca la igualdad ante la ley al tratar de manera diferente al servicio educativo municipal. Vulnera el debido proceso administrativo al invalidarse actos dictados conforme a la ley