Tribunal Constitucional · página 12

Criancera impugna norma que impide inscribir cesión de derechos en comunidad agrícola. Alega vulnerada la igualdad ante la ley al impedir la adquisición de derechos hereditarios cedidos. Afecta su derecho de propiedad al obstaculizar la inscripción del título translaticio. Impacta su derecho a una vivienda digna al dificultar la protección de su hogar y medio de subsistencia.

La requirente sostiene que la obligación legal de ordenar el reintegro inmediato en casos de presunta práctica antisindical, sin permitir oposición ni recursos y basándose solo en la constatación administrativa de la Inspección del Trabajo, vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley, generando un procedimiento automático que impide un control judicial real y puede producir resultados injustificados en situaciones donde no existe fuero ni fundamentos para la medida.

El requirente cuestiona la norma que impide apelar de la declaración de inadmisibilidad de un recurso de queja, alegando que dicha limitación restringe el derecho a defensa y el acceso a la justicia, al impedir revisar decisiones que podrían involucrar faltas o abusos graves cometidos por tribunales inferiores.

El requirente sostiene que la aplicación automática de recargos sobre mercancías en el régimen DATAC carece de criterios objetivos y vulnera derechos fundamentales, como la propiedad, la igualdad económica y el debido proceso. La Primera Sala del Tribunal debe decidir si admite a trámite el requerimiento antes de que el Pleno se pronuncie sobre el fondo.

La requirente solicitó se declare inaplicable el artículo 18-K de la Ley 18.101, argumentando que su aplicación a un contrato de comodato, y no de comodato precario, en un juicio monitorio vulnera derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la adecuada defensa, al imponer plazos extremadamente breves y procedimientos sumarísimos incompatibles con la protección de los derechos del demandado.

La Magistratura rechazó un requerimiento que buscaba impedir la aplicación tanto del interés penal capitalizado mensualmente en deudas previsionales como de la restricción recursiva del procedimiento de cobranza, al considerar que ambas normas cumplen fines legítimos y no vulneran el debido proceso. La disidencia estimó que el anatocismo produce un gravamen desproporcionado y que la limitación a la apelación afecta el derecho a defensa.

La requirente argumenta que la norma vulnera el derecho al debido proceso y al recurso efectivo. La igualdad ante la ley y la justicia. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

Busca permitir impugnación de resoluciones del máximo Tribunal. Requirente alega que se vulnera el debido proceso al impedir la corrección de faltas o abusos graves. Infringe el derecho a un recurso efectivo reconocido en tratados internacionales. Afecta a la esencia del derecho al recurso. Contradice las facultades disciplinarias del Pleno de la Corte Suprema

La requirente cuestiona la aplicación de preceptos procesales anteriores a la Ley de Tramitación Electrónica que la Corte Suprema habría utilizado para declarar desierto un recurso de casación, sosteniendo que ello reintroduce cargas ya eliminadas por la reforma y vulnera garantías como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El Tribunal descartó que la prohibición de recurrir contra la sentencia de segunda instancia en procedimientos de liquidación forzosa vulnere el debido proceso o la tutela judicial, al estimar que la apelación ofrece una instancia suficiente de revisión y que la exclusión de la casación responde al principio de celeridad propio del régimen concursal. El voto disidente, sin embargo, sostuvo que impedir el control de la Corte Suprema afecta desproporcionadamente el derecho de defensa del deudor.

La requirente busca impedir que su inmueble sea rematado aplicando el avalúo fiscal como base mínima de la subasta, regla que considera desproporcionada por no reflejar el valor comercial del bien y que, a su juicio, permitiría una enajenación forzosa en condiciones que vulneran su derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

La requirente sostiene que el plazo de cinco días para oponer excepciones en la ejecución laboral vulnera la igualdad ante la justicia y el debido proceso, al impedir al ejecutado hacer valer la excepción de pago fuera de esa etapa inicial, generando una diferencia arbitraria respecto del régimen civil y exponiéndolo a pagar más de lo adeudado o incluso a un doble pago.

La funcionaria impugna las normas que permiten declarar la salud incompatible con el cargo tras superar seis meses de licencia médica, alegando errores en el cómputo realizado por la Municipalidad y afectación a sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite a trámite el requerimiento antes de entrar al análisis de fondo.

El requirente sostiene que la norma que ordena tasar las costas conforme a una inexistente ley de aranceles abre espacio a decisiones arbitrarias y afecta la igualdad ante la ley, además de imponer una carga económica que dificulta el acceso a la justicia. La impugnación se presenta en el marco de un juicio civil donde fue condenado al pago de costas tras rechazarse su demanda por prescripción.

La Magistratura desestimó el requerimiento presentado por un médico extranjero que buscaba dejar sin efecto la norma que limita el ejercicio de especialistas certificados sin EUNACOM exclusivamente al sector público. La mayoría del Tribunal sostuvo que la medida responde a un propósito legítimo del legislador —enfrentar el déficit de especialistas en el sistema público— y que la restricción es razonable y proporcional.

Se rechazó el requerimiento contra la norma que limita las defensas que puede oponer el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral, afirmando que el legislador cuenta con un margen legítimo para diseñar procedimientos diferenciados en atención a la especial naturaleza de las obligaciones laborales. La mayoría sostuvo que esta restricción no afecta el debido proceso ni la igualdad ante la ley, pues responde a los principios de celeridad y protección del trabajador.

La Magistratura rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa que buscaba impugnar la prohibición de apelar la orden de reincorporar a un dirigente sindical aforado en un procedimiento de tutela laboral. El voto de mayoría sostuvo que la limitación recursiva del artículo 492 del Código del Trabajo responde a la naturaleza urgente y cautelar de esta medida, y no afecta el debido proceso, dado que la revisión judicial queda asegurada en la sentencia definitiva.

La Magistratura reiteró su jurisprudencia y sostuvo que el legislador cuenta con un amplio margen para definir el régimen recursivo en los procedimientos de Policía Local, estimando que la restricción para apelar resoluciones incidentales no vulnera el debido proceso, pues las cuestiones debatidas pueden revisarse en la sentencia definitiva. El voto disidente estimó que impedir la revisión de la excepción de incompetencia afecta la racionalidad del procedimiento y priva a la parte afectada de un recurso útil.

La prescripción adquisitiva es una institución fundamental del sistema de propiedad chileno y no representa en sí misma un conflicto constitucional. El legislador tiene libertad para determinar las reglas de prescripción, no existiendo un modelo constitucional impuesto. Utilizar las normas del Código Civil como parámetro de constitucionalidad no es pertinente. "Son las leyes las que deben interpretarse conforme a la Constitución, y no ésta en base a las leyes". No se vulnera el derecho de propiedad, igualdad ante la ley y debido proceso.

Alega que el secreto absoluto del sumario vulnera el debido proceso y el derecho a defensa. Contraviene el artículo 8° de la Constitución, que exige ley de quórum calificado para establecer excepciones a la publicidad. Impide ejercer el derecho a recusar al fiscal dentro del plazo legal. Disposición responde a una lógica inquisitiva obsoleta, contraria al moderno modelo de transparencia administrativa

Alega que disposición genera una discriminación arbitraria entre litigantes basada únicamente en la fecha de presentación de la demanda. Vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva al negar el acceso al nuevo régimen de apelación más garantista. Menoscaba núcleo esencial del derecho al recurso al mantener vigente un sistema recursivo que el propio legislador consideró insuficiente

La requirente sostiene que la notificación subsidiaria del artículo 437 del Código del Trabajo no garantiza un emplazamiento efectivo, al permitir avisos a terceros y validar la notificación incluso si se omite la carta certificada. Según la empresa, ello vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica, pues impediría que el demandado tenga real conocimiento de la demanda y ejerza adecuadamente su defensa.

La Universidad solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicables normas de la Ley de Transparencia que, según sostiene, amplían indebidamente el concepto de información pública y permiten ordenar la entrega de correos institucionales sin evaluar su carácter privado. La acción se vincula a un recurso de queja aún pendiente ante la Corte Suprema por la divulgación de comunicaciones internas.

El requerimiento sostiene que el precepto impugnado vulnera la publicidad de los actos de la Administración del Estado, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley. La gestión pendiente corresponde a un recurso de protección interpuesto por un funcionario que no pudo acceder al expediente sumarial pese a contar con patrocinio formalmente constituido.

Controversia planteada no de constitucionalidad. Determinar la eficacia temporal de la ley es una cuestión propia del ámbito de la legalidad. Resolución compete a los tribunales ordinarios. La supresión total de las disposiciones impugnadas produciría el efecto de desarticular por completo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en su etapa inicial, privando al solicitante no solo del marco normativo que habilita la tramitación de su petición, sino también de las garantías procedimentales que resguardan sus derechos fundamentales.

El requerimiento sostiene que el procedimiento especial del artículo 103 de la Ley General de Bancos restringe injustificadamente las defensas del ejecutado al limitar las excepciones oponibles, lo que —a juicio del requirente— afecta el debido proceso, la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, al impedir que cuestiones esenciales como la existencia del título, la cosa juzgada o la procedencia del procedimiento puedan ser revisadas por el tribunal.

El requirente solicitó declarar inaplicable el inciso final del artículo 21 de la Ley de Alcoholes, invocado por una ordenanza municipal de Antofagasta que redujo el horario de funcionamiento de un local con patente clase C. Sostiene que la norma permite a los municipios imponer restricciones económicas sin parámetros objetivos, configurando una delegación legislativa impropia y vulnerando principios de legalidad, proporcionalidad y reserva legal.

La Magistratura resolvió que los artículos 385, 390, 394 y 400 del Código de Procedimiento Civil, que regulan la obligación de declarar bajo juramento y la confesión ficta, no vulneran la igualdad, el debido proceso ni la garantía de no autoincriminación.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, que impiden apelar ciertas resoluciones en procedimientos de cobranza laboral. Sostuvo que la restricción es constitucional, pues responde al principio de celeridad y asegura el pago oportuno a los trabajadores, sin vulnerar el debido proceso ni la igualdad ante la ley.

El exfuncionario cuestiona que la norma que otorga exclusividad a la Comisión Médica Central para evaluar la capacidad física del personal impide revisar su caso, pese a que padece una afección psiquiátrica irreversible. Alega que la aplicación del reglamento vulnera derechos constitucionales al restringir injustificadamente su posibilidad de acceder a beneficios previsionales dentro del plazo legal de prescripción.