Norma que prohíbe recursos contra resoluciones que ordenan la reincorporación de trabajadores en casos de prácticas antisindicales se impugna ante el Tribunal Constitucional

Según la empresa, la disposición cuestionada establece una desigualdad en el ejercicio de los derechos, al imponer un ámbito de aplicación restringida solo para ciertas resoluciones laborales. Crea una diferencia arbitraria, sin fundamento o justificación razonable. Impide a la empresa discutir la procedencia de la medida de reincorporación, incluso cuando se alega que no concurren los presupuestos legales para su aplicación.

El derecho al debido proceso se vulnera, porque la disposición impugnada impide el acceso a un sistema adecuado de recursos procesales. Viola el derecho al recurso, reconocido tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como en tratados internacionales ratificados por Chile. Establece una diferencia injustificada en el acceso al recurso, sin fundamento plausible.

El requerimiento también hace referencia al derecho internacional, citando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconocen el derecho a un recurso efectivo.

También se alega que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, también conocido como tutela judicial efectiva que, aunque no está expresamente mencionado en la Constitución, es considerado un derecho implícito en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental. Según la empresa, la disposición impugnada limita el acceso real a la justicia, no solo teórico. Impide hacer valer alegaciones en el proceso y que estas sean ponderadas. Obstaculiza el ejercicio de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Por último, se alega vulnerada la garantía de seguridad jurídica (art. 19 N° 26). Según la empresa, la disposición impugnada afecta la esencia de los derechos constitucionales al impedir su libre ejercicio. Somete los derechos a exigencias que los hacen irrealizables o los entraban más allá de lo razonable. Priva a la parte de tutela jurídica al impedir la interposición de recursos.

El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la prohibición de recursos en estos casos específicos se justifica por la necesidad de protección inmediata de los trabajadores o si, por el contrario, vulnera garantías constitucionales fundamentales.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar la admisibilidad del requerimiento y, en caso de declararlo admisible, pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Vea texto del requerimiento y expediente Rol N° 17145-25-INA.