Ley N°20.285.

Normas que regulan la transparencia y publicidad de información que obra en poder de la Administración del Estado y limita reclamación de las resoluciones del Consejo para la Transparencia, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.