Confirió traslado a las partes de la gestión pendiente.

Normas que prohíben a empresas condenadas por vulneración de derechos fundamentales o prácticas antisindicales de contratar con el Estado, serán examinadas en sede de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional.

El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.