Requerimiento de inaplicabilidad.
Norma que faculta poner término a la contrata de empleado público se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente sostiene que se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores públicos al verse privados de la estabilidad laboral y de una adecuada protección contra despidos arbitrarios, por ello se debe revisar la normativa cuestionada y adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar condiciones de trabajo dignas y justas para todos los empleados públicos y garantizar así la soberanía, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la carrera funcionaria.
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 10, inciso 1°, la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.
La precitada disposición legal establece:
“Artículo 10 – Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.” (Inciso 1°, Ley N°18.834).
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