De forma unánime.

Inaplicabilidad que impugnó norma del Código Penal que sanciona el delito contra la salud pública, fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

Concluida la gestión judicial, el gravamen constitucional que pudo haber existido en la aplicación de la norma cuestionada ha desaparecido y con ello el objeto mismo del proceso constitucional.