Legislativo
Seguridad escolar
Gobierno ingresa proyecto de ley que autoriza revisión de mochilas y endurece medidas de seguridad en establecimientos educacionales
La iniciativa busca enfrentar el deterioro de la convivencia escolar mediante medidas de prevención, fortalecimiento de la autoridad docente y nuevas facultades para el control de riesgos, resguardando derechos fundamentales y promoviendo entornos educativos seguros.

El Presidente de la República ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, con el objetivo de enfrentar el deterioro progresivo de la convivencia y la seguridad en los establecimientos educacionales del país.
Según el mensaje presidencial, en los últimos años se ha evidenciado un aumento sostenido de los problemas de convivencia escolar, situación respaldada por datos nacionales e internacionales. Entre ellos, se cita la encuesta Teaching and Learning International Survey (TALIS) de la OCDE, que da cuenta de dificultades en materia de disciplina, intimidación y responsabilidad en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, ubicando a Chile por sobre el promedio de la organización en diversos indicadores.
Asimismo, cifras del registro de denuncias de la Superintendencia de Educación muestran un incremento en los casos de “maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa”, que pasaron de 441 en 2023 a 536 en 2024 y a 716 en 2025. A nivel territorial, la mayor concentración se registra en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Los Lagos, con alzas relevantes en distintos puntos del país. En cuanto a la dependencia administrativa, el sector particular subvencionado concentra el mayor número de denuncias.
El mensaje concluye que los problemas de convivencia escolar han aumentado de manera sostenida, lo que evidencia la necesidad de contar con herramientas normativas que permitan prevenir conflictos, resguardar la seguridad de las comunidades educativas y asegurar condiciones adecuadas para el aprendizaje.
En este contexto, el proyecto contempla diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad escolar. Entre ellas, se faculta a los sostenedores para implementar la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias personales de los estudiantes, con el fin de evitar el ingreso de elementos peligrosos. Esta medida deberá ejecutarse conforme a un procedimiento regulado en el reglamento interno de cada establecimiento, resguardando derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y el interés superior del niño.
Asimismo, se establece que estas revisiones no podrán implicar contacto físico ni realizarse de manera forzosa por parte del personal del establecimiento. En caso de existir indicios de delito, se deberá informar a los padres o apoderados y dar aviso a las autoridades competentes, pudiendo intervenir las fuerzas de orden para efectuar los registros conforme a la ley.
La iniciativa también introduce modificaciones a la Ley N° 20.529, con el objetivo de reforzar los procedimientos de denuncia ante la Superintendencia de Educación, promoviendo la resolución de conflictos al interior de las comunidades educativas y evitando la judicialización innecesaria. Asimismo, se exige que las denuncias cuenten con fundamentos, con el fin de prevenir acciones infundadas.
Del mismo modo, se fortalece la autoridad docente mediante ajustes a la Ley N° 19.070, incorporando medidas disciplinarias de carácter obligatorio para los estudiantes y promoviendo un enfoque formativo en la gestión de la convivencia escolar.
El proyecto, además, modifica la normativa sobre reglamentos internos, exigiendo la prohibición del uso de accesorios o vestimenta que promuevan conductas violentas o delictivas, y calificando como faltas graves aquellos actos que interrumpan total o parcialmente el desarrollo de las clases o afecten la jornada escolar.
En el ámbito de la educación superior, la iniciativa establece la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria respecto de quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública, por un período de cinco años desde que la sentencia quede firme.
No obstante, se contempla la posibilidad de que el tribunal levante dicha inhabilidad mediante resolución fundada, considerando especialmente fines de reinserción social.
Desde el punto de vista presupuestario, el informe financiero señala que la implementación del proyecto no implicará un mayor gasto fiscal, dado que se ejecutará con cargo a los recursos existentes de los establecimientos educacionales.
En su conjunto, la iniciativa busca fortalecer la seguridad, el orden y el respeto en la comunidad educativa mediante un enfoque integral que combina medidas preventivas, disciplinarias y de gestión, resguardando los derechos de los estudiantes y orientándose a mejorar las condiciones de convivencia y aprendizaje en el sistema escolar chileno.
Vea texto mensaje Boletín N°18.156-04 y siga su tramitación aquí.
Temas
Te puede interesar

Legislativo
Nueva ley exige informes de equidad de género en empresas

Legislativo
Proyecto propone ofrecer la escucha de la actividad cardíaca antes del aborto e incorpora una causal de negativa médica

Legislativo
Proyecto busca sancionar el reclutamiento de menores por asociaciones delictivas y criminales
Newsletter
Lo esencial del derecho, cada mañana
Fallos, proyectos de ley y análisis seleccionados por la redacción. Gratis en su correo.