Proyecto crea sistema de trazabilidad para combatir el robo de maquinaria e insumos agrícolas

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Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, en primer trámite constitucional y remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, propone establecer un mecanismo de trazabilidad y control de insumos, maquinaria y bienes críticos rurales. La moción fue incorporada a tramitación en la sesión del 8 de julio de 2026 y busca entregar a las policías y autoridades herramientas para verificar el origen, titularidad, traslado y destino de los productos utilizados en las actividades agrícolas, ganaderas, apícolas y agroindustriales.

La iniciativa sostiene que el robo de maquinaria e insumos agrícolas constituye uno de los fenómenos delictivos de mayor expansión en el Chile rural durante los últimos años. Aunque el impacto inmediato recae sobre agricultores y productores que pierden tractores, equipos de riego, fertilizantes o pesticidas, sus consecuencias se extienden a toda la cadena agroalimentaria, afectando la productividad, los costos de producción, la seguridad alimentaria y la competitividad exportadora del país.

A diferencia de delitos de mayor visibilidad, como los homicidios o los robos con violencia cometidos en sectores urbanos, el robo agrícola habría permanecido durante largo tiempo en una “zona gris de la estadística oficial”. Las categorías penales no lo individualizan con precisión, las encuestas oficiales de victimización no abarcan el mundo rural con suficiente profundidad y las instituciones estatales tardaron en reconocerlo como un fenómeno diferenciado que requería una respuesta específica.

El proyecto advierte que Chile no dispone actualmente de una serie estadística oficial, pública, continua y robusta identificada expresamente como “robo de maquinaria e insumos agrícolas”. Esta carencia impide contar con un diagnóstico confiable para focalizar políticas públicas y distribuir adecuadamente los recursos policiales y del Ministerio Público.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, presenta un alcance predominantemente urbano. Según la moción, su metodología excluye diversos robos a negocios o bienes empresariales cuando no existe una afectación directa a un integrante del hogar, dejando fuera una parte significativa de los delitos cometidos en predios, galpones y bodegas. Por ello, la medición subestimaría estructuralmente el robo productivo rural.

La categoría policial que más se aproxima al fenómeno es el “robo en lugar no habitado”, que incluye bodegas, galpones y recintos productivos, aunque también incorpora delitos cometidos en inmuebles comerciales e industriales urbanos. Los registros de Carabineros contabilizaron 33.824 casos en 2020, 43.889 en 2023 y 41.849 durante 2024. La tendencia reflejaría un aumento sostenido después de la pandemia y una moderada reducción durante 2024, pero con niveles todavía considerablemente superiores a los existentes antes de la emergencia sanitaria.

Los datos sectoriales más sistemáticos provienen de los barómetros elaborados por la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. En la encuesta difundida durante Enagro 2024, el 79% de los productores consultados afirmó haber sido víctima de un robo durante 2023.

El primer Barómetro de Robo Agrícola, elaborado en marzo de 2025, registró un 78% de victimización durante los doce meses anteriores. De los productores consultados, un 40% señaló haber sufrido tres o más robos, un 11% reportó episodios con violencia física y las pérdidas sectoriales fueron calculadas en US$380,6 millones anuales.

El segundo barómetro, levantado en enero de 2026, confirmó la persistencia del fenómeno: un 77,4% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo, un 43% informó tres o más episodios, un 9,7% sufrió violencia física y las pérdidas fueron estimadas en torno a US$530 millones anuales. Para los autores, estas cifras demuestran que no se trata de hechos esporádicos, sino de una victimización masiva, recurrente y creciente en su impacto económico.

La distribución territorial tampoco sería uniforme. Los antecedentes disponibles muestran que los delitos se concentran principalmente en el eje productivo central y sur del país.

La Región de O’Higgins aparece de manera recurrente como la zona de mayor conflictividad. La Fiscalía Regional indicó que la temporada 2024-2025 fue la más violenta en materia de robos a predios agrícolas, debido a que los grupos delictivos evolucionaron desde el ingreso a bodegas desocupadas hacia asaltos con intimidación a guardias y trabajadores.

La iniciativa destaca que estas organizaciones realizan reconocimientos previos de los predios, poseen conocimientos técnicos sobre la actividad agrícola y cuentan con redes destinadas a distribuir las especies sustraídas. Esta forma de operación revelaría una profesionalización que supera ampliamente la delincuencia meramente oportunista.

La Región del Maule es identificada como la segunda zona de mayor relevancia. En marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura formalizó una mesa de seguridad para predios agrícolas, con participación de la Delegación Presidencial, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y organizaciones gremiales.

Los robos de sistemas de riego, fertilizantes y maquinaria serían recurrentes tanto en el secano costero como en el valle central maulino, produciendo un efecto especialmente grave sobre los pequeños y medianos agricultores.

En La Araucanía, el robo de maquinaria e insumos se combina con las complejidades del conflicto territorial, dificultando la respuesta policial y judicial y exponiendo a los productores a una doble vulnerabilidad. La sustracción de tractores y equipos de menor tamaño aparecería de forma recurrente en los registros policiales y en las informaciones provenientes de la zona.

El proyecto concluye que estos delitos responden a una racionalidad definida: la selección de especies de alto valor, bajo volumen y fácil comercialización en mercados informales.

De acuerdo con el segundo Barómetro de Robo Agrícola de la SNA, los insumos agrícolas fueron los bienes más sustraídos y fueron mencionados por el 52,5% de las víctimas. A continuación aparecen las instalaciones eléctricas, con un 40,1%; la producción agropecuaria, con un 30,3%; los animales, con un 20,4%, y la maquinaria, con un 15%. En términos del valor total sustraído, los insumos y las instalaciones eléctricas concentran casi tres quintas partes de las pérdidas estimadas.

Los pesticidas y fertilizantes resultan especialmente atractivos para los grupos criminales porque poseen una elevada demanda, son fungibles, pueden ser trasladados con relativa facilidad y admiten una rápida reventa en circuitos rurales informales. Según los antecedentes incorporados en la moción, un par de botellas de pesticida puede superar el millón de pesos en el mercado negro.

La Asociación de la Industria de Fitosanitarios, AFIPA, ha advertido que una parte relevante del comercio ilegal de plaguicidas proviene de productos robados a agricultores y distribuidores. Los efectos exceden el perjuicio económico, ya que pueden comercializarse productos sin registro o vencidos, contaminarse los suelos, exponerse a riesgos los trabajadores y amenazarse la inocuidad de las exportaciones agrícolas chilenas.

Los estudios académicos y el diagnóstico de la Asociación Chilena de Municipalidades coinciden en identificar un desplazamiento territorial de la delincuencia. Una mayor presión policial en las ciudades habría empujado parte de la actividad criminal hacia sectores con menor presencia estatal, vigilancia reducida durante la noche y rutinas productivas predecibles.

La agricultura ofrece condiciones particularmente favorables para estas organizaciones debido a sus ciclos estacionales conocidos, la utilización temporal de bodegas y galpones y la existencia de extensos perímetros difíciles de resguardar.

Uno de los aspectos más preocupantes es la evolución desde el robo en lugares desocupados hacia delitos cometidos con mayor violencia. El fiscal regional de O’Higgins describió que los grupos “ya no ingresan únicamente a recintos vacíos”, sino que llegan a instalaciones con guardias, a quienes intimidan o maniatan.

El Barómetro de la SNA confirma que el 9,7% de los productores victimizados durante la última medición sufrió violencia física, frente al 11% registrado en el estudio anterior. La aparición de portonazos rurales y asaltos armados en los accesos a predios demostraría que el fenómeno ya no puede enfrentarse únicamente con las herramientas diseñadas para los robos en lugares no habitados.

El robo de maquinaria e insumos, añade el texto, dejó de ser solamente un problema individual de seguridad y se convirtió en una amenaza sistémica para la cadena agroalimentaria. Sus efectos alcanzan a los proveedores, procesadores, transportistas, exportadores y consumidores nacionales e internacionales.

En el nivel más inmediato, la sustracción de los bienes puede interrumpir completamente un ciclo productivo. El robo de un tractor durante la época de siembra puede provocar la pérdida de una cosecha cuando el agricultor no dispone de equipos de reemplazo. La sustracción de bombas de riego durante la temporada seca puede destruir cultivos de alto valor, mientras que la pérdida de pesticidas en el momento crítico de aplicación puede generar daños sanitarios irreversibles.

Para los pequeños y medianos agricultores que no cuentan con inventarios de respaldo ni seguros adecuados, estos efectos pueden ser devastadores y, en situaciones extremas, obligarlos a abandonar la actividad.

En un nivel intermedio, la reventa de insumos robados a precios inferiores a los del mercado legal crea una competencia desleal, afecta a los distribuidores formales, desincentiva las inversiones y debilita la trazabilidad fitosanitaria.

Además, los productos sustraídos pueden terminar aplicándose sin información sobre su concentración, sin respetar los períodos de carencia o después de haber sido adulterados, introduciendo riesgos de residuos en los alimentos de exportación y comprometiendo las certificaciones sanitarias que Chile ha construido durante décadas.

En términos generales, las pérdidas estimadas en aproximadamente US$530 millones equivaldrían a una fracción significativa del presupuesto del Ministerio de Agricultura. La moción califica este efecto como un “subsidio involuntario” que los productores transfieren a la economía criminal, reduciendo sus márgenes, encareciendo los costos y desincentivando la modernización tecnológica.

En aquellas regiones donde la agricultura constituye el principal motor económico y fuente de empleos, el impacto sobre el trabajo rural y la cohesión territorial puede ser profundo y duradero.

La iniciativa reconoce que el ordenamiento jurídico no ha permanecido completamente indiferente, pero estima que la respuesta ha sido tardía, fragmentaria y técnicamente imperfecta. Históricamente, la única figura penal destinada específicamente a proteger bienes del mundo agropecuario ha sido el abigeato, regulado en el artículo 448 bis y siguientes del Código Penal.

Sin embargo, ese delito protege el ganado mayor y menor, pero no comprende maquinaria, insumos químicos, sistemas de riego, cableado ni la mayoría de los bienes productivos actualmente expuestos a sustracciones.

Desde la perspectiva penal, los autores identifican cinco asuntos pendientes. El primero es la inexistencia de una definición operativa de ámbito rural, sin la cual cualquier agravante territorial podría ser cuestionada por afectar el principio de legalidad.

El segundo corresponde a la necesidad de delimitar adecuadamente los delitos de hurto, robo y receptación agrícola. El tercero es la incorporación expresa de los bienes más sustraídos, entre ellos pesticidas, fertilizantes, semillas certificadas, cableado, equipos de riego, tractores, aperos y repuestos.

El cuarto punto es el tratamiento del receptador y de los mercados de reducción, considerados como los eslabones que vuelven rentable el ciclo criminal. El quinto es la coordinación entre los tipos penales, las facultades policiales de investigación y las reglas especiales de comiso, para entregar herramientas proporcionales a la sofisticación de las organizaciones delictivas.

En materia de políticas públicas, el proyecto destaca la incorporación, durante 2024, de una Consulta Comunal Rural aplicada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 270 comunas rurales y semirrurales. Ese instrumento permitió identificar por primera vez el robo en galpones y bodegas como una prioridad territorial específica.

Regiones como Ñuble y Tarapacá incorporaron expresamente esta categoría en sus respectivos consejos regionales de seguridad pública.

La mesa de seguridad constituida en el Maule durante marzo de 2025 es presentada como el modelo regional de coordinación más avanzado. Esta instancia permite intercambiar información sobre focos delictivos, coordinar patrullajes, vincular las denuncias con tareas de inteligencia criminal y establecer protocolos comunes de respuesta.

La SNA y la Asociación de Municipios Rurales han planteado la necesidad de extender ese modelo a todas las regiones prioritarias y han solicitado incluso la designación de un fiscal especializado en delitos rurales.

Pese a esos avances, continúan existiendo brechas estructurales. Entre ellas se encuentra la falta de interoperabilidad estadística entre Carabineros, PDI, Fiscalía, los ministerios de Seguridad y Agricultura, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Agrícola y Ganadero.

La inexistencia de una plataforma compartida mantiene fragmentada la inteligencia criminal. Tampoco existe un registro nacional de trazabilidad de maquinaria agrícola robada y recuperada, lo que facilita su reventa y dificulta la persecución de los receptadores.

A ello se suma la limitada capacidad operativa de las policías en zonas rurales extensas, con baja densidad poblacional y deficiente infraestructura vial, condiciones que reducen la rapidez de la respuesta y el efecto disuasivo de la presencia estatal.

Frente a estas insuficiencias, el sector privado ha adoptado diferentes medidas de autoprotección. El segundo Barómetro de la SNA muestra que un 74,5% de los productores utiliza alarmas o cámaras, un 65,1% instaló rejas u otras protecciones físicas y un 33,8% contrata guardias privados.

Para la moción, estos porcentajes demuestran que los agricultores han internalizado la necesidad de protegerse, pero también que el costo de la seguridad pasó a convertirse en una carga económica adicional.

La geolocalización mediante GPS y las geocercas con alertas automáticas son mencionadas como tecnologías cada vez más accesibles, capaces de detectar movimientos no autorizados, facilitar la recuperación de maquinaria y generar evidencia para las investigaciones.

El mercado asegurador también dispone de pólizas para equipos agrícolas móviles que cubren robos y hurtos, aunque su utilización entre pequeños y medianos productores continúa siendo limitada.

AFIPA, por su parte, ha recomendado registrar las facturas, verificar que los distribuidores estén autorizados y evitar la adquisición de productos en mercados informales. Estas acciones buscan reducir la demanda del mercado negro, pero la iniciativa advierte que los incentivos para participar en circuitos irregulares continuarán mientras exista una diferencia significativa entre el precio formal y el informal.

La moción concluye que el robo agrícola es uno de los problemas de seguridad más graves para el sector rural, debido a que erosiona la confianza institucional, desincentiva la inversión, encarece la producción y amenaza la trazabilidad sanitaria de las exportaciones.

El éxito de cualquier estrategia dependerá de la capacidad estatal para actuar simultáneamente sobre los tres eslabones del ciclo delictivo: la sustracción, el transporte y la reducción. Sin una persecución eficaz del mercado negro y del receptador final, el robo continuará siendo rentable, “independientemente de cuántos galpones se pongan bajo llave o cuántos tractores lleven GPS”. Por ello, los autores sostienen que la respuesta debe ser “integral, coordinada e inteligente”.

La idea matriz del proyecto es crear un sistema de trazabilidad documental y digital para insumos agropecuarios y bienes esenciales para la continuidad productiva rural, destinado a prevenir y detectar robos, hurtos, contrabando, falsificación, adulteración, reetiquetado y comercialización irregular.

El artículo primero establece como objeto de la ley crear mecanismos de trazabilidad, control y verificación que faciliten la prevención, fiscalización e investigación del robo, hurto, receptación, contrabando, falsificación, adulteración, reetiquetado o comercialización irregular de los bienes regulados.

Quedarían sujetos al sistema los plaguicidas, productos fitosanitarios, fertilizantes, semillas, insumos para el manejo sanitario o productivo de cultivos y animales, maquinaria agrícola, piezas, partes, transformadores, cableado, sistemas de riego, equipos eléctricos, dispositivos de monitoreo y otros bienes esenciales para las actividades agrícolas, ganaderas, apícolas o agroindustriales.

Toda persona natural o jurídica que fabrique, importe, distribuya, comercialice, transporte, almacene, adquiera profesionalmente o utilice productivamente estos bienes deberá identificarlos o rotularlos conforme al reglamento.

La identificación deberá permitir determinar, cuando corresponda, al proveedor, comprador, transportista y destinatario, además del lugar de origen, fecha de la operación, factura, guía de despacho, documento tributario, autorización, lote, serie, partida, etiqueta, código u otro antecedente útil para comprobar su trazabilidad.

La autoridad competente podrá exigir al tenedor, transportista, almacenador, vendedor o comprador que exhiba los antecedentes destinados a acreditar el origen, adquisición, traslado, titularidad y destino de los bienes.

También podrá revisar facturas, guías de despacho, documentos tributarios, etiquetas, códigos, registros, autorizaciones, lotes, series, partidas y otros antecedentes idóneos, tanto en formato físico como digital.

El artículo quinto dispone que la autoridad deberá dictar, dentro del plazo de seis meses, un reglamento que defina los bienes sujetos a trazabilidad obligatoria, los antecedentes mínimos para acreditar su origen, transporte, almacenamiento, comercialización y destino, y los mecanismos físicos o digitales de identificación.

El reglamento deberá establecer obligaciones diferenciadas para fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, transportistas, almacenadores y compradores profesionales, además de procedimientos de alerta frente a pérdidas, robos, hurtos, adulteraciones, falsificaciones, reetiquetados o comercializaciones irregulares.

También deberá crear categorías, niveles de riesgo y exigencias distintas según la naturaleza, valor, peligrosidad, uso o relevancia productiva de cada bien.

La disposición transitoria señala, a su vez, que la autoridad dispondrá de nueve meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento. La normativa comenzará a regir treinta días después de la completa tramitación y publicación de ese cuerpo reglamentario.

Vea texto moción Boletín N°18.435-01 y siga su tramitaciónaquí.