Labores permanentes en municipios deben regirse por el Código del Trabajo, precisa Corte Suprema

El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia al constatar que existían interpretaciones disímiles sobre la aplicación del artículo 4° de la Ley N°18.883 en casos de contratación a honorarios por municipalidades, precisando que su labor consistía en esclarecer el sentido y alcance de dicha norma frente a situaciones fácticas equivalentes, a fin de determinar qué postura jurisprudencial debía prevalecer como correcta para resolver controversias análogas.

En este sentido, la Corte Suprema reiteró su doctrina constante según la cual la contratación a honorarios constituye una modalidad excepcional que permite a las municipalidades recurrir a expertos para labores ocasionales, específicas, puntuales y no habituales, destacando que esta figura no confiere la calidad de funcionario público y que sólo resulta procedente cuando las funciones ejercidas se ajustan estrictamente a los supuestos previstos en la norma, pues, de lo contrario, corresponde aplicar el régimen laboral común cuando se advierten características propias de subordinación y dependencia.

A partir del análisis del marco normativo y del carácter de los contratos suscritos, el máximo Tribunal razonó que las funciones desempeñadas por la trabajadora se vinculan directamente con los fines esenciales de la Municipalidad, en cuanto a la satisfacción permanente de necesidades de la comunidad y la promoción social, lo que impide considerar tales labores como meramente accidentales o excepcionales, al tratarse de tareas habituales y de ordinario cumplimiento encomendadas por la ley a la entidad edilicia.

Finalmente, la Corte Suprema destacó que la prestación de servicios se desarrolló bajo condiciones propias de una relación laboral, tales como cumplimiento de jornada, sujeción a instrucciones, supervisión, rendición periódica de informes y percepción de una remuneración mensual fija, elementos que, conforme a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir el contrato de trabajo de otras formas de prestación de servicios, reforzando así la improcedencia de amparar este vínculo bajo la figura de los honorarios.

En sentencia de reemplazo, razonó que, más allá de la denominación formal de los contratos a honorarios, la realidad de la prestación de servicios revelaba la existencia de una relación de naturaleza laboral, al haberse desarrollado por casi diez años en forma continua, estable, con jornada, sujeción a instrucciones, supervisión y remuneración mensual fija, excediendo el marco excepcional del artículo 4° de la Ley N°18.883 y configurándose los elementos propios del contrato de trabajo conforme al artículo 7° del Código del Trabajo, aplicando el principio de primacía de la realidad para desestimar la apariencia meramente formal del vínculo.

Sobre esa base, el máximo Tribunal resolvió que el término de la relación constituyó un despido injustificado, reconoció el derecho de la trabajadora a las indemnizaciones legales y feriados adeudados, pero rechazó la aplicación de la sanción de nulidad del despido, al estimar que, tratándose de contratos a honorarios celebrados con órganos de la Administración, estos se encontraban amparados por una presunción de legalidad que torna improcedente dicha sanción por su carácter desproporcionado.

Finalmente, la Corte Suprema dispuso acoger la demanda y condenar a la Municipalidad al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios con su recargo legal, feriados legales y proporcionales, así como al entero de las cotizaciones previsionales, de salud y de seguro de cesantía únicamente respecto de las mensualidades impagas, ordenando que estas últimas se paguen con reajustes e intereses conforme al Código del Trabajo, desde que la sentencia quede ejecutoriada, excluyendo multas e intereses penales, y estableciendo que las costas serían soportadas por cada parte.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº25167-2024, de reemplazo, Corte de Talca Rol N°441-2023 (laboral – cobranza) y del Juzgado de Letras del Trabajo de Cauquenes Rit O-20-2022.