Corte Suprema frena entrega de antecedentes farmacéuticos y reconoce su carácter de secreto empresarial

Al analizar el caso, la Corte Suprema recordó que la publicidad de los actos de la Administración constituye la regla general, pero que admite excepciones de interpretación restrictiva, particularmente cuando su divulgación afecta derechos de las personas o intereses protegidos por la ley.

En esa línea, el máximo Tribunal reiteró que para configurar la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, es necesario acreditar que la información no es generalmente conocida, que ha sido objeto de esfuerzos razonables para mantener su secreto y que posee valor comercial precisamente por su carácter reservado.

Aplicando estos criterios, la Corte Suprema concluyó que los antecedentes solicitados —especialmente los estudios de estabilidad del producto— constituyen información confidencial y estratégica, cuya divulgación “importaría acceder a información que tiene el carácter de reservada o secreta, en el entendido que constituyen antecedentes que guardan relación con información confidencial y estratégica de la compañía recurrente y que, como tal, le proporcionan una ventaja competitiva respecto de sus competidores”.

En ese contexto, determinó que la entrega de dicha información afectaría los derechos comerciales de la empresa, al tratarse de antecedentes no accesibles públicamente, protegidos mediante medidas de resguardo y con evidente valor económico, configurándose así la causal de reserva alegada.

Asimismo, advirtió que, pese a la controversia judicial, la información ya había sido entregada al solicitante por el Instituto de Salud Pública antes de que se resolviera el reclamo de ilegalidad, lo que —según señaló— torna ilusoria la garantía prevista en el artículo 29 de la Ley de Transparencia respecto de la suspensión de la entrega de antecedentes.

En razón de lo anterior, la Corte Suprema concluyó que los jueces de la Corte de Santiago incurrieron en falta o abuso grave al rechazar el reclamo de ilegalidad sin aplicar correctamente las causales de reserva legales.

En mérito de lo expuesto, el máximo Tribunal acogió el recurso de queja, dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Santiago y, en su lugar, acogió el reclamo de ilegalidad, desestimando el amparo por acceso a la información. Asimismo, ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para los fines pertinentes.

No se ordenó la remisión de los antecedentes al Pleno, por estimarse que la inobservancia constatada no reviste la entidad suficiente para ser calificada como falta o abuso que justifique dicha medida.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°4.293-2025 y Corte de Santiago Rol N° 469-2024 (Contencioso administrativo).