Corte Suprema fija el procedimiento aplicable en controversias sobre designación de juez partidor

Sobre esa base, el máximo Tribunal razona que, en una controversia relativa a la existencia misma de una comunidad de bienes, no resulta jurídicamente aceptable someter la discusión al procedimiento sumario. Ello, pues cuando en un asunto no contencioso sobre designación de juez partidor surge oposición de un legítimo contradictor que reclama el dominio exclusivo del inmueble, “(…) resulta claro que la acción por la cual se pretende sea determinado si la propiedad del bien pertenece a ambas partes del litigio o solo a quién dedujo la oposición, deba ser tramitada mediante el procedimiento ordinario de lato conocimiento”. Agrega que la aplicación del procedimiento sumario en estos casos constituye una errónea extensión del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, norma que se refiere a acciones civiles que por su naturaleza requieren tramitación rápida, lo que —según enfatiza expresamente— “no acontece en la especie”, atendida la complejidad jurídica y probatoria de la materia debatida.

En un tercer nivel de análisis, la Corte Suprema pone el acento en las consecuencias procesales que se derivan de la aplicación indebida de un procedimiento abreviado en controversias complejas. Señala expresamente que, al disponer la tramitación sumaria, el tribunal de primera instancia “(…) deja en la indefensión a la actora, ya que restringe la capacidad de las partes para presentar todas las pruebas necesarias, como documental y pericial, para determinar si la comunidad existe, cómo se originó, quiénes la componen”. Añade que dicha forma de tramitación “impide que las partes puedan debatir a fondo sobre sus alegaciones y defensas” y que, tratándose de una controversia que incide directamente en el derecho de propiedad, “(…) las normas del debido proceso exigen que la discusión se aborde por medio de procedimientos adecuados a la complejidad del caso”, de modo que la utilización de una vía procesal inidónea puede traducirse en una afectación al debido proceso y a la igualdad ante la ley.

Finalmente, el máximo Tribunal desarrolla un razonamiento de carácter más general en torno a la nulidad procesal, precisando su naturaleza, finalidad y límites. Recuerda que la nulidad constituye “(…) la sanción mediante la cual se priva a un acto o actuación del proceso, o a todo él, de los efectos normales previstos por la ley, cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas por aquélla”, cuya finalidad es “restarle valor a la actuación viciada, destruirla, tenerla como no sucedida”. Asimismo, expone que el principio de trascendencia implica que la nulidad solo procede cuando la irregularidad “corrompe su sustancia y le impide cumplir el fin para que fue establecido en la ley”, generando un perjuicio solo reparable con la invalidación. Desde esa perspectiva, concluye que la incorrecta determinación del procedimiento “(…) alteró la regularidad del juicio, pasando por alto principios esenciales relativos a la ritualidad del proceso”, afectando no solo el interés de las partes, sino también el orden público procesal, al haberse aplicado un procedimiento distinto del legalmente exigido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema anuló de oficio la resolución que había ordenado continuar la tramitación del proceso conforme a las reglas del procedimiento sumario, así como todo lo obrado con posterioridad a ella, disponiendo que la causa sea retrotraída al estado de que el juez no inhabilitado provea lo que corresponda para su sustanciación conforme a las normas del procedimiento ordinario de lato conocimiento, omitiéndose pronunciamiento sobre el recurso de casación en la forma deducido en contra del fallo confirmado por la Corte de Coyhaique.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº10745-2024 y del Primer Juzgado de Letras Civil de Coyhaique Rol V-223-2021.