Corte Suprema confirma multa a colegio por cobros a alumnos prioritarios

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Corporación Educacional Chilenoamericano School Puerto Montt en contra de la Superintendencia de Educación y confirmó la multa de 501 UTM impuesta por realizar cobros a alumnos prioritarios, al concluir que la sanción se ajustó a la normativa educacional y que no se acreditaron circunstancias que justificaran dejarla sin efecto o rebajar su monto.

La reclamante alegó que la resolución impugnada no ponderó adecuadamente las medidas adoptadas por la nueva administración del establecimiento para subsanar las irregularidades detectadas, entre ellas la devolución de los cobros efectuados a alumnos prioritarios. Sostuvo, además, que la infracción se originó durante la gestión anterior, que al momento de la matrícula el establecimiento aún no contaba con la clasificación definitiva de los estudiantes prioritarios y que, por tanto, no existió un incumplimiento deliberado de la normativa. Asimismo, afirmó que la multa de 501 UTM resultaba desproporcionada, por cuanto comprometía la sostenibilidad del proyecto educativo pese a las acciones correctivas implementadas, solicitando que la sanción fuera dejada sin efecto o, en subsidio, rebajada.

Al informar, la Superintendencia de Educación solicitó el rechazo de la reclamación, sosteniendo que durante el procedimiento administrativo quedó acreditada la realización de cobros a alumnos prioritarios pese a que el establecimiento se encontraba adscrito al régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP), circunstancia que la propia sostenedora no controvirtió. Añadió que no se acreditó, dentro del procedimiento sancionatorio, la devolución efectiva de los montos cobrados indebidamente y que el cambio de administración del establecimiento no extingue la responsabilidad del sostenedor por el incumplimiento de la normativa educacional. Asimismo, afirmó que la multa se fijó en el mínimo legal previsto para las infracciones graves, tras ponderar los criterios establecidos en la Ley N° 20.529 (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación), por lo que descartó la existencia de una vulneración al principio de proporcionalidad.

En primer lugar, la Corte de Puerto Montt recordó que el reclamo previsto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529 constituye un contencioso administrativo de legalidad, cuyo propósito es controlar si la actuación de la Superintendencia de Educación se ajustó al ordenamiento jurídico. En ese sentido, precisó que la función del tribunal no consiste en revisar el mérito, la conveniencia o la oportunidad de la sanción administrativa, sino verificar que el procedimiento sancionatorio haya respetado las garantías del debido proceso y que la autoridad haya aplicado correctamente la normativa educacional al ejercer su potestad fiscalizadora y sancionadora.

A continuación, el tribunal concluyó que la infracción se encontraba suficientemente acreditada con los antecedentes reunidos durante la fiscalización. Explicó que el acta inspectiva, el registro de pagos del establecimiento, la nómina de estudiantes prioritarios y las boletas incorporadas al expediente demostraban la existencia de cobros a alumnos prioritarios, pese a la obligación legal de eximirlos de cualquier pago que condicionara su acceso o permanencia en el establecimiento. Agregó que estos antecedentes no fueron desvirtuados por la sostenedora, la que incluso reconoció la realización de tales cobros durante la tramitación administrativa.