TC rechaza requerimiento de la UNIACC contra normas que establecen indemnización y régimen de prueba en tutela laboral

El requerimiento fue rechazado por los Ministros (as) Daniela Marzi (P), Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

Para rechazar la impugnación, el Tribunal Constitucional razonó que la acción de inaplicabilidad no permite sustituir la evaluación del juez de fondo ni pronunciarse sobre los hechos de la gestión pendiente, como la pertinencia de la medida disciplinaria o la proporcionalidad de la indemnización solicitada. Señaló que, tratándose de un procedimiento en que aún no se ha desarrollado la audiencia de juicio, todas las referencias al caso concreto que podrían justificar la declaración de inconstitucionalidad corresponden al juez de fondo y no al Tribunal, por lo que el requerimiento se aproxima más a un control abstracto de la norma que a un control concreto sobre la gestión en curso.

El Tribunal refirió que el artículo 489, inciso tercero, sí impone parámetros claros al juez al establecer un mínimo de seis y un máximo de once meses de remuneración para la indemnización en caso de vulneración de derechos fundamentales. En ese contexto, la facultad del juez de determinar el monto dentro de esos límites se considera compatible con el principio de proporcionalidad. Además, cualquier margen de discrecionalidad debe ejercerse siempre conforme a la Constitución y las leyes, fundamentando debidamente la decisión en la sentencia, de modo que no se confunda discrecionalidad con arbitrariedad.

Respecto del artículo 493, el Tribunal explicó que la norma no implica una inversión de la carga de la prueba ni afecta el derecho a la defensa. Por el contrario, establece que el trabajador debe aportar antecedentes suficientes sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales, mientras que al denunciado le corresponde explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. La utilización de indicios se concibe como un mecanismo que atiende a la desigualdad estructural en las relaciones laborales, protegiendo al trabajador en su posición de menor poder económico y social y sin alterar la regla general de la carga formal de la prueba prevista en el Código Civil.

El Tribunal sostuvo que estas disposiciones responden a la realidad de asimetría de poder entre empleador y trabajador: la propiedad del espacio laboral, el control sobre registros y medios tecnológicos, y los poderes de dirección y disciplina del empleador generan diferencias de posición que la ley busca equilibrar.

Por lo tanto, las normas impugnadas no constituyen una vulneración de los principios de igualdad ante la ley ni del derecho a defensa, sino que reflejan la flexibilidad necesaria en el procedimiento de tutela laboral para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales del trabajador.

Por estas razones, el Tribunal concluyó que los artículos 489 inciso tercero y 493 del Código del Trabajo no vulneran la Constitución, y que la solicitud de inaplicabilidad planteada por la requirente no puede prosperar.

Vea texto de la sentencia Rol N° 16342-25-INA.