TC rechaza declarar inaplicable norma procesal laboral que niega apelación en juicios de cobranza laboral

Añadieron que la inexistencia de apelación tampoco exime al juez de su deber de dictar resoluciones debidamente fundadas conforme a Derecho y al mérito del proceso.

• Particularidades del debido proceso laboral

El voto por rechazar sostuvo que el legislador puede establecer procedimientos diferenciados cuando existan razones que lo justifiquen. En materia laboral, la asimetría entre trabajador y empleador y el carácter alimentario de los créditos explican principios como la celeridad, inmediación y desformalización.

Estas características se intensifican en la ejecución laboral, concebida como un procedimiento rápido y eficaz, con impulso de oficio, excepciones limitadas y restricción de la apelación.

Las ministras destacaron además que la improcedencia del abandono invocada por el trabajador forma parte del mismo diseño orientado a la celeridad. Por ello, determinar si esa regla fue correctamente aplicada correspondía a los jueces del fondo y no al Tribunal Constitucional.

• Derecho al recurso no equivale a derecho a apelar

Las ministras que votaron por rechazar reconocieron que el derecho al recurso forma parte del debido proceso, pero señalaron que no es absoluto y puede ser regulado por el legislador según la naturaleza de cada procedimiento.

Añadieron que ni la Constitución ni los tratados internacionales garantizan que toda resolución sea apelable o revisada en doble instancia. Por ello, el derecho al recurso no equivale necesariamente al derecho de apelación.

Concluyeron que corresponde al legislador definir el régimen recursivo y que el Tribunal Constitucional no puede crear o ampliar recursos mediante una sentencia de inaplicabilidad. En consecuencia, estimaron que el trabajador no acreditó que la aplicación del artículo 472 produjera un efecto inconstitucional.

• Voto por acoger

Los cuatro integrantes que estuvieron por acoger destacaron que la apelación constituye un mecanismo relevante de tutela judicial efectiva, pues permite que un tribunal superior revise una resolución que una parte considera injusta o improcedente.

Añadieron que este recurso busca corregir posibles errores judiciales y asegurar un control jerárquico respecto de decisiones que causan agravio a las partes.

• Régimen restringido de apelación en materia laboral

El voto por acoger reconoció que el procedimiento laboral tiene un régimen recursivo distinto al civil y que el artículo 472 restringe la apelación en la etapa de ejecución, permitiéndola solo en determinados supuestos vinculados al artículo 470.

También tuvo presente que el proceso laboral se rige por principios como oralidad, concentración, inmediación, impulso de oficio y celeridad. Sin embargo, estimó que el caso era excepcional, porque no se pretendía revisar nuevamente el fondo del conflicto, sino una sentencia interlocutoria que había puesto término a la ejecución al declarar abandonado el procedimiento.

• La celeridad no justifica impedir toda revisión

Quienes estuvieron por acoger sostuvieron que la celeridad del procedimiento laboral no es incompatible con la existencia de un recurso efectivo para corregir eventuales errores jurídicos.

Reconocieron que el legislador puede diseñar libremente los procedimientos y recursos, pero dentro de los límites de un proceso racional y justo. Aunque la restricción de la apelación puede justificarse en el procedimiento laboral ordinario por razones de oralidad e inmediación, estimaron que esa justificación pierde fuerza cuando lo que se busca revisar no es el fondo del conflicto, sino una resolución posterior que puso término a la ejecución.

• Riesgo de convertir la resolución en inamovible

El voto por acoger sostuvo que excluir completamente la apelación por razones de celeridad puede resultar contrario a las exigencias de un procedimiento racional y justo.

Señaló que, sin posibilidad de revisión por un tribunal superior, la parte queda obligada a aceptar una decisión prácticamente inamovible. Por ello, estimó que la celeridad debe alcanzarse mediante la eliminación de trámites innecesarios o la reducción de plazos, pero no a costa de suprimir garantías esenciales de las partes.

• Derecho al recurso como elemento del debido proceso

Los ministros que estuvieron por acoger destacaron que los recursos procesales existen para permitir la corrección de eventuales errores judiciales que causen perjuicio a las partes.

Sostuvieron que el derecho a impugnar una resolución forma parte esencial del debido proceso y que, en este caso, resultaba razonable permitir al trabajador solicitar a un tribunal superior la revisión de la decisión que puso término al procedimiento de cobranza.

• No se busca revisar nuevamente la sentencia laboral de fondo

El voto por acoger precisó que el trabajador no buscaba reabrir el juicio laboral ni revisar nuevamente la sentencia definitiva, sino únicamente que un tribunal superior examinara la legalidad de la resolución que declaró abandonada la ejecución.

Por ello, estimó que permitir la apelación no afectaba la celeridad del procedimiento, especialmente porque la propia resolución impugnada había puesto término a la cobranza. Sobre esa base, los ministros estuvieron por acoger el requerimiento.

• Prevención del ministro Raúl Mera

El ministro Raúl Mera, quien estuvo por acoger el requerimiento, sostuvo que la restricción de la apelación en la ejecución laboral se justifica normalmente por razones de celeridad, pero que esa explicación pierde sentido cuando la resolución impugnada es precisamente la que pone término al procedimiento mediante el abandono.

A su juicio, impedir la revisión de una decisión terminal invocando la necesidad de que la ejecución continúe rápidamente resulta irrazonable y vulnera el debido proceso. Añadió que el artículo 476 del Código del Trabajo sí permite apelar resoluciones que ponen término al juicio en sede declarativa, por lo que no advirtió una razón suficiente para excluir esa posibilidad en una situación equivalente dentro de la ejecución.

Por ello, estimó que la aplicación del artículo 472 en este caso concreto generaba un efecto injusto e irracional, y que la resolución que declaró abandonado el procedimiento debía poder ser revisada por un tribunal superior.

En definitiva, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento exclusivamente porque se produjo un empate y no se alcanzó la mayoría necesaria para acogerlo.

Vea sentenciaTribunal Constitucional Rol N°17.226-25 INA y expediente.