Se impugna norma que permite despedir a personal contratado por el Congreso por simple pérdida de confianza

La requirente alega que la aplicación del artículo 26 letra b) con el alcance pretendido por la empleadora produce efectos decisorios inconstitucionales en el proceso laboral, pues permite un despido sin hechos, impide ejercer defensa efectiva, limita la bilateralidad y podría conducir a rechazar la tutela laboral sin que el tribunal pueda controlar la existencia, veracidad o razonabilidad de las imputaciones.

Afirma que ello vulnera directamente sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y tutela judicial efectiva, al privarla del conocimiento mínimo indispensable para oponerse a la medida. Indica además que el precepto es un reglamento administrativo que altera estándares legales fijados por el Código del Trabajo, infringiendo la reserva legal establecida en el artículo 19 N° 26 de la Constitución.

Sostiene que permitir la subsistencia de un despido sin hechos implicaría aceptar una potestad unilateral carente de control judicial efectivo, lo que afecta la dignidad de la trabajadora y desnaturaliza el carácter garantista del procedimiento laboral, cuya estructura descansa en la exigencia de fundamento fáctico en la comunicación de despido.

Por estas razones, solicita que se declare inaplicable el citado artículo 26 letra b) del Reglamento del artículo 3-A de la Ley N° 18.918, a fin de que el tribunal laboral pueda resolver el juicio sin las restricciones que dicho precepto introduce y garantizando el pleno ejercicio del derecho a defensa.

La Segunda Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y si confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso de ser declarado admisible, corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea requerimiento y expediente Rol N° 17181-25-INA.