Municipalidad de Santiago impugna inhabilidad de testigos en caso Sierra Bella por vulnerar el debido proceso

El requerimiento advierte que, de aplicarse el precepto impugnado, la Municipalidad quedaría prácticamente impedida de probar sus defensas, lo que podría derivar en la continuación de una ejecución fundada en un título viciado y generar un perjuicio patrimonial de miles de millones de pesos a las arcas municipales y a la comuna en su conjunto. Asimismo, se destaca que aún restan por declarar numerosos testigos, en su mayoría funcionarios municipales y concejales, que previsiblemente también serán objeto de tachas basadas en la misma norma.

En cuanto a la admisibilidad, la Municipalidad sostiene que el artículo cuestionado es decisivo para la resolución de la gestión pendiente, que existe una causa judicial en tramitación, que la requirente se encuentra plenamente legitimada y que el precepto no ha sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Por el contrario, se recuerda que la Magistratura Constitucional ya declaró inaplicable por inconstitucional el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia Rol N°14.326-23 INA.

El requerimiento afirma que concurren fundamentos plausibles para la acción, en tanto se expone de manera detallada el conflicto constitucional suscitado y los efectos contrarios a la Carta Fundamental que produciría la aplicación del precepto legal impugnado en el caso concreto, especialmente en relación con el derecho a la prueba, el debido proceso y la correcta administración de justicia.

El derecho a un procedimiento racional y justo exige que toda sentencia jurisdiccional se funde en un proceso previo legalmente tramitado, que comprende el derecho de ser oído, el derecho a presentar pruebas para sustentar las pretensiones y defensas, el derecho a una decisión razonada y el derecho a recurrir en contra de ella, destacando que estas garantías se satisfacen, en principio, mediante una adecuada protección del derecho de defensa y la asistencia jurídica letrada.

El requerimiento enfatiza que el derecho al debido proceso ha sido consagrado también en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8.1 garantiza a toda persona el derecho a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, tanto en materias penales como en la determinación de derechos y obligaciones de carácter civil.

A partir de este marco normativo y jurisprudencial, se sostiene que el derecho de defensa comprende, de manera esencial, el derecho a aportar pruebas destinadas a acreditar los fundamentos de las acciones, excepciones y defensas de las partes. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que el legislador está obligado a asegurar que toda parte cuente con medios apropiados de defensa que le permitan presentar oportunamente sus pretensiones, discutir las de la contraparte, rendir prueba e impugnar la que ésta produzca, excluyéndose cualquier procedimiento que restrinja dichas facultades de forma tal que genere indefensión o una situación de inferioridad procesal.

En el caso concreto, se argumenta que la aplicación estricta del artículo objetado permite al juez presumir interés, falta de credibilidad o parcialidad de los testigos sobre la base de su condición laboral o económica. Dicha interpretación y aplicación literal, atendidas las circunstancias específicas de la litis, privaría prácticamente por completo a la parte requirente de su derecho a rendir prueba testimonial, considerando que la gran mayoría de sus testigos se desempeñan como funcionarios municipales o concejales. Esta situación, se afirma, genera una profunda desigualdad de armas entre las partes del proceso, incompatible incluso con los estándares constitucionales mínimos de un procedimiento justo y racional.

El requerimiento añade que esta privación del derecho a rendir prueba se traduce, además, en una vulneración directa a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. En armonía con dicha disposición, se invoca el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Finalmente, se concluye que la aplicación del precepto legal impugnado, al privar casi totalmente a una de las partes de la posibilidad de rendir prueba testimonial destinada a acreditar los hechos que sustentan sus defensas y alegaciones, y al generar un desequilibrio procesal evidente en beneficio de la contraparte, configura una abierta vulneración de la igualdad ante la ley y de la igualdad de armas, afectando gravemente el debido proceso en la gestión judicial pendiente.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente por el plazo de 10 días para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso de que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento y expediente Rol N°17352-26.