Empresa impugna inhabilidad para contratar con el Estado por condena laboral por práctica antisindical ante el Tribunal Constitucional

Ante el Tribunal Constitucional fue ingresado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y del inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo, por estimar que su aplicación en una gestión pendiente -recurso de unificación de jurisprudencia actualmente en tramitación- ante la Corte Suprema resulta contraria a la Constitución.

Los preceptos legales impugnados señalan:

“Artículo 4º.- Podrán contratar con los organismos del Estado las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores establecido en el artículo 16, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. (Art. 4, inciso primero, Ley N°19.886).

“Artículo 495.- (…) Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro.” (Art. 495, inciso final, Código del Trabajo).

La gestión pendiente en que incide la acción de inaplicabilidad es un recurso de unificación de jurisprudencia actualmente en tramitación ante la Corte Suprema interpuesto contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el recurso de nulidad laboral presentado por el requirente, mediante el cual impugnó el fallo del Juzgado de Letras de Arauco, que condenó a la empresa por práctica antisindical.

El origen de la controversia se remonta a la solicitud de desafuero de tres dirigentes sindicales presentada por la requirente ante el Juzgado de Letras de Arauco, acción que fue considerada por el tribunal como una práctica antisindical, lo que llevó a la condena de la empresa. De mantenerse firme la decisión, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, la empresa quedaría inhabilitada para contratar con el Estado por un período de dos años.