Camila Cortés Palma: Sistema migratorio chileno bajo presión, demoras, restricciones y judicialización marcan la realidad actual

En el actual estado del sistema, la regularización de quienes ingresaron por paso no habilitado es extremadamente difícil, y la intervención de un abogado experto puede marcar una diferencia relevante en los pocos casos en que resulta viable acceder a una residencia.

Ahora bien, desde la perspectiva de la ley, no es obligatorio contar con patrocinio letrado para realizar los trámites de residencia, ya que la normativa y las plataformas del SERMIG permiten que las personas presenten solicitudes por su propia cuenta, siempre que cumplan con los requisitos y acompañen la documentación que el legislador exige.

En las solicitudes de residencia, tanto dentro como fuera de Chile, el Servicio publica los requisitos y documentos necesarios para cada tipo de permiso, además de guías prácticas para quienes deseen tramitar por sí mismos sin asesoría jurídica. Esta posibilidad es particularmente realista en los casos en que la persona cumple de manera clara y completa con las exigencias legales, y la situación fáctica no presenta complejidades, el problema, ocurre cuando las personas deben realizar subsanaciones a las solicitud porque hubo algún documento que no acompañó o el documento que ingresó no era el idóneo, así mismo cuando las personas deben pagar algún tipo de multa, generalmente las personas se complican y terminan ingresando otro tipo de documentos.

5. ¿Se están respetando efectivamente los principios de reunificación familiar y el interés superior del niño en las actuales resoluciones de expulsión o regularización?

La jurisprudencia reciente ha demostrado que el principio de reunificación familiar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes no siempre son debidamente atendidos por la autoridad migratoria al dictar resoluciones de expulsión, abandono y prohibiciones o decisiones sobre regularización. En muchos casos, el análisis del SERMIG se centra en verificar si la persona cumple o no los requisitos formales para obtener o mantener una residencia en Chile, especialmente en procedimientos de revocación, pasando por alto el arraigo familiar incluso cuando existen hijos chilenos.

Con frecuencia, el Servicio fundamenta sus decisiones en el artículo 130 de la Ley N.º 21.325 en la cual se indica que las expulsiones no son grupales, sino que individuales, dentro de los otros argumentos usados por la autoridad migratoria en sus alegatos ante las Cortes Superiores de justicia es que la primera responsabilidad en resguardar la unidad familiar recae en los adultos a cargo de los niños o de personas mayores, derivando en decisiones que, en los hechos, priorizan criterios formales por sobre la protección de los vínculos familiares.

En otras palabras, mientras el legislador consagra con claridad la relevancia del interés superior del niño y de la reunificación familiar, lo cual también se encuentra ratificado por tratados internacionales a los cuales Chile se ha suscrito, la aplicación administrativa tiende a privilegiar una lectura restrictiva y formalista de los requisitos de residencia, dejando en un segundo plano o derechamente soslayando las dimensiones humanas y familiares de los casos.

6. ¿Es hoy mucho más difícil conseguir una visa en Chile que hace cuatro años, o solo han cambiado los requisitos?

Obtener una visa o permiso de residencia en Chile es hoy, en términos prácticos, más complejo que hace cuatro años. Uno de los principales factores es el cambio legislativo que exige, como regla general, que las solicitudes se presenten desde el extranjero, salvo determinadas excepciones como el permiso de residencia por reunificación familiar.

Esta exigencia ha generado efectos colaterales importantes. Por ejemplo, se ha observado que algunas personas recurren a la simulación de matrimonios o acuerdos de unión civil con el fin de acceder a una residencia en Chile, evitar la irregularidad y obtener un permiso que les permita trabajar sin tener que salir del país.

A lo anterior se suma la prolongada demora de la autoridad en resolver las solicitudes, lo que obliga a los postulantes a subsanar continuamente documentos que estaban vigentes al momento de la postulación, pero que se encuentran vencidos cuando el SERMIG finalmente revisa el expediente. De este modo, el Servicio vuelve a exigir la documentación actualizada, lo que prolonga el trámite y aumenta la carga administrativa tanto para las personas migrantes como para la propia autoridad.

Quienes postulan desde el extranjero, además, deben esperar la resolución de su solicitud para poder ingresar a Chile, lo que puede significar la pérdida de oportunidades laborales concretas, a modo de ejemplo, cuando se trata de ofertas de trabajo por obra o faena con plazos acotados. Si bien el artículo 27 de la Ley N.º 19.880 establece un plazo general de seis meses para que la Administración resuelva, la jurisprudencia ha sido uniforme en exigir, al menos, que dicho plazo sea razonable y no exceda un año; sin embargo, estos criterios no siempre se cumplen en la práctica.

7. ¿Ha observado un aumento significativo en la judicialización de los procesos migratorios —ya sea por demoras o por rechazos de residencia— y, en su análisis, esto responde a una gestión burocrática deficiente del SERMIG o a que las resoluciones actuales cuentan (o no) con un sustento legal y una motivación técnica más sólida que en el pasado?

En los últimos años se aprecia un aumento muy significativo de la judicialización de los procesos migratorios, tanto por demoras en la tramitación como por rechazos de solicitudes de residencia. Esta tendencia se viene manifestando con especial fuerza desde aproximadamente el año 2020-2021.

Entre las causas de este fenómeno se encuentran:

• El elevado número de solicitudes que recibe el Servicio Nacional de Migraciones.

• La insuficiencia de funcionarios para revisar de manera adecuada y oportuna los antecedentes de cada caso.

• La alta rotación de personal dentro del propio Servicio.

• La escasa ponderación de los antecedentes aportados por las personas extranjeras, tanto en sus descargos como a lo largo del procedimiento administrativo.

Todo ello configura una mezcla de factores burocráticos y de gestión deficiente que empuja a los migrantes a recurrir cada vez más a la vía judicial, principalmente a través de recursos de protección, reclamaciones contencioso-administrativas y amparos cuando se rechazan las solicitudes con orden de abandono o expulsión, para obtener tutela efectiva de sus derechos.

8. ¿Cuál es el error más común que observa en los procesos de postulación actuales y qué consejo técnico le daría a un solicitante para asegurar que su trámite no sea rechazado por forma?

En la práctica, uno de los errores más comunes en los procesos de postulación a residencias es la presentación de documentos vencidos o que no han sido debidamente apostillados o legalizados, a pesar de que estos requisitos son esenciales, así mismo el cumplimiento de los plazos, para que no tengan que pagar multas por residencias irregular. También es frecuente que las personas desconozcan qué documentos se requieren para una residencia específica, lo que deriva en solicitudes incompletas o defectuosas.

Otro problema relevante es la brecha digital: muchas personas migrantes no saben utilizar adecuadamente las plataformas informáticas, no tienen acceso estable a internet o a un computador, o se ven enfrentadas a barreras idiomáticas que dificultan su interacción con el sistema. Si bien el SERMIG mantiene atención de público en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, estas oficinas se orientan más bien a brindar información general, sin que las solicitudes puedan tramitarse directamente allí.

Desde un punto de vista técnico, las principales recomendaciones para reducir el riesgo de rechazo por motivos de forma son:

• Revisar exhaustivamente la página oficial del Servicio Nacional de Migraciones y verificar, antes de postular, que se cumplen todos los requisitos y se cuenta con la documentación vigente, apostillada o legalizada cuando corresponda.

• Realizar las postulaciones de residencia dentro de los plazos (90 días antes del vencimiento del permiso de residencia y hasta 10 días antes del vencimiento del mismo)

• En caso de dudas, complejidades familiares, antecedentes de ingreso por paso no habilitado o situaciones previas de rechazo o expulsión, buscar asesoría especializada con equipos de abogados realmente dedicados a migración, corroborando su trayectoria, experiencia y resultados en juicios contra el SERMIG, así como columnas o publicaciones en la materia.

• Cuando no sea posible contratar a un abogado, recurrir a clínicas jurídicas universitarias y a instituciones que prestan asesoría migratoria gratuita o de bajo costo.

• Utilizar responsablemente las herramientas que hoy ofrecen internet y la inteligencia artificial para informarse, contrastar fuentes y no depender únicamente de “lo que dijo el amigo o el vecino”, pues cada situación es distinta.