Renée Rivero: «La Facultad debe ser un puente entre conocimiento jurídico, instituciones democráticas y soluciones concretas para Chile”

Por Isidora de la Cerda Moraga, Universidad de Chile

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile enfrenta un momento decisivo. Los cambios en la enseñanza jurídica, el impacto de la inteligencia artificial, la necesidad de revisar los planes de estudio, la modernización de los postgrados, la internacionalización, la investigación académica y la participación interna forman parte de una agenda que interpela directamente a quienes aspiran a conducir la institución.

En ese contexto, esta entrevista busca conocer las principales definiciones de la candidatura a Decana de Renée Rivero, cuyo lema es “Construir desde el Derecho el país que queremos”. El objetivo es indagar qué rol debe cumplir hoy la Facultad frente a los grandes debates jurídicos e institucionales del país, cómo debe gobernarse una comunidad universitaria compleja y plural, y qué cambios concretos se proponen para proyectarla hacia los próximos años.

Las preguntas abordan tanto la experiencia de gestión acumulada durante períodos críticos, como el estallido social y la pandemia, como las propuestas de futuro en materia curricular, acreditación internacional, inteligencia artificial, postgrados, investigación, internacionalización, participación y vínculo con el Estado. Se trata, en definitiva, de examinar no solo un programa de gobierno universitario, sino también una visión sobre el lugar que debe ocupar la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la formación jurídica y en la vida pública del país.

1. Su lema es “Construir desde el Derecho el país que queremos”. ¿Qué rol debe cumplir hoy la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en los debates jurídicos e institucionales del país?

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile debe fortalecer su rol y presencia histórica en los grandes debates jurídicos e institucionales del país. No desde la contingencia inmediata ni desde la opinión ligera, sino desde el rigor académico, la investigación y el compromiso público que han caracterizado la historia de nuestra Escuela.

Chile enfrenta desafíos muy profundos: la modernización del Estado, acceso a la justicia, seguridad, crimen organizado, inteligencia artificial, cambio climático, protección de derechos fundamentales y confianza en las instituciones. En todos esos temas el Derecho tiene mucho que decir.

Nuestra Escuela debe ser un espacio donde esos problemas se estudien, se discutan y se transformen en propuestas serias para el país. Esa es la forma concreta de construir desde el Derecho el país que queremos.

2. Usted fue Vicedecana durante el estallido social y la pandemia. ¿Qué aprendió de esos períodos y cómo influirían en su forma de dirigir la Facultad?

Efectivamente, fui vicedecana de la Facultad por 5 años, experiencia que me permitió conocer de primera mano y desde dentro, que esta Facultad está conformada por una comunidad de estudiantes y funcionarios académicos y no académicos de excelencia, que compartimos un ideal común.

El estallido y la pandemia fueron, sin duda, dos fenómenos de alto impacto social que importaron un enorme desafío para la gestión de la Facultad y especialmente el cuidado de nuestra comunidad, lo que logramos hacer, afortunadamente, con éxito, implementando rápidamente, entre otras medidas, el funcionamiento de la Escuela en modo remoto. Ello permitió proteger a nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, asegurando la continuidad de las clases.

Sin embargo -lo he dicho muchas veces-, en esta materia no hay fórmulas mágicas ni bala de plata, por lo que no se puede dejar al azar. La única manera de hacer frente a situaciones de crisis y conducir la Facultad en un contexto de alta tensión e incertidumbre, es a través de la escucha activa, la participación y un diálogo permanente con toda la comunidad a través de los canales institucionales y asegurar la continuidad del servicio y la formación de nuestros estudiantes. Ello requiere un compromiso y trabajo diario de las autoridades.

Eso es lo que en gran medida me inspira hoy. Desde esa experiencia surge este programa que aborda en gran parte esas dinámicas con una mirada de futuro y que propone, por ejemplo, una Facultad abierta 24/7 en periodos de exámenes para que nuestros alumnos puedan prepararse en un ambiente protegido y seguro. También, la mirada respecto a la forma en que enseñamos. Ya no basta con clases expositivas, debemos ponernos a la vanguardia en materia de avances tecnológicos y, sobre todo, promover una formación ética y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes.

3. Usted propone revisar de manera permanente la malla curricular. ¿Qué cambios considera más urgentes?

La innovación curricular debe ser evaluada con seriedad y sentido de mejora continua. No se trata de partir de cero ni de improvisar cambios, sino de revisar cómo está funcionando la formación que estamos entregando.

Hay tres aspectos especialmente urgentes.

Primero, revisar la implementación de la malla vigente, escuchando a estudiantes, académicos y departamentos. Segundo, evaluar con especial cuidado el examen de grado porque es una preocupación real para los estudiantes y debe responder adecuadamente a los objetivos formativos de la carrera. Y tercero, incorporar de manera responsable los nuevos desafíos del ejercicio profesional: la ética profesional, inteligencia artificial, transformación digital, nuevas formas de litigación, regulación económica, sostenibilidad, crimen organizado y nuevas demandas de acceso a la justicia.

La pregunta central debe ser qué abogados y abogadas necesita Chile en los próximos años.

4. ¿Cómo garantizaría que la revisión de la malla curricular sea realmente participativa y no solo una consulta formal?

La participación debe tener método, plazos y efectos concretos. Si no, se transforma en una formalidad.

Por eso propongo una Comisión Permanente de Malla Curricular, integrada por académicos y académicas de los distintos departamentos, con apoyo técnico especializado y con espacios efectivos para recoger la experiencia de docentes, estudiantes, egresados, empleadores y unidades académicas.

La participación debe traducirse en informes, propuestas normativas, prioridades y decisiones que sean conocidas por la comunidad.

Además, la evaluación de la malla debe ser permanente, no excepcional. Una Facultad de excelencia no revisa su formación sólo cuando hay una crisis o cada 15 o 20 años. La revisa de manera sistemática, con evidencia, diálogo y responsabilidad institucional.

5. Su programa plantea avanzar hacia la acreditación internacional de la carrera de Derecho. ¿Qué cambios concretos exigiría eso en la docencia y en los programas de estudio?

La acreditación internacional es una herramienta para elevar estándares y obliga a mirar cómo se enseña Derecho en las mejores facultades del mundo y preguntarnos qué debemos actualizar sin perder nuestra identidad.

La Facultad inició un proceso de acreditación internacional el año 2019, con la International Association of Law Schools (IALS), que es la mayor red global de educación jurídica con más de 250 facultades, y en el cual me correspondió una participación activa.

Mi propuesta es concluir dicho proceso con la implementación de las medidas que se nos propuso en el informe emitido por la comisión de pares que nos visitó, y que estaba conformada por decanos y decanas de prestigiosas universidades extranjeras. Ello exigirá revisar resultados de aprendizaje, metodologías docentes, mecanismos de evaluación, formación práctica, internacionalización, aseguramiento de la calidad y seguimiento de egresados. Para la docencia, implicará fortalecer métodos activos, evaluación por competencias, integración de tecnología, formación ética, habilidades de investigación, argumentación jurídica y trabajo interdisciplinario.

Todo ello lo haremos dentro del contexto del proceso de implementación de la malla innovada que se encuentra actualmente en curso y a cargo de la Comisión Permanente de malla curricular que propongo crear.

La Universidad de Chile tiene una tradición jurídica única. La acreditación internacional debe servir para proyectar esa tradición hacia nuevos estándares globales, no para copiar modelos ajenos.

6. La inteligencia artificial ya está impactando la enseñanza del Derecho y el trabajo de los abogados. ¿Cómo debe prepararse la Facultad frente a este cambio?

La inteligencia artificial no es una moda. Ya está transformando la forma en que se investiga, se redacta, se litiga, se asesora y se toman decisiones jurídicas. La Escuela no puede mirar ese proceso desde lejos, sino que debe ponerse a la vanguardia.

Debemos prepararnos en tres niveles.

Primero, con una política institucional clara sobre el uso ético, crítico y responsable de la IA en docencia, investigación y evaluación, con foco principal en la integridad académica. Segundo, con formación para estudiantes y profesores, porque no basta con usar herramientas; hay que comprender sus límites, riesgos y sesgos. Y tercero, con acceso equitativo a tecnologías seguras, para que la brecha digital no se transforme en una nueva desigualdad académica.

La IA no reemplaza el juicio jurídico. Pero sí exige formar abogados con otras competencias, con más ética y más capacidad crítica.

7. ¿La Facultad debe actualizar sus contenidos, cambiar sus métodos de enseñanza o hacer ambas cosas al mismo tiempo?

Debe hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Actualizar contenidos es indispensable, porque el Derecho está siempre en movimiento. Hoy debemos formar en materias que hace pocos años eran marginales o inexistentes: inteligencia artificial, datos, ciberseguridad, nuevas formas de criminalidad, derecho ambiental, regulación tecnológica, justicia digital y gobernanza global.

Pero eso no basta. También debemos cambiar la forma en que enseñamos. La formación jurídica no puede descansar sólo en clases expositivas y memorización. Necesitamos fortalecer el pensamiento crítico, a través de análisis de casos, escritura jurídica, simulaciones, clínicas, litigación, investigación aplicada y trabajo interdisciplinario.

El desafío es enseñar mejor, con más profundidad, más práctica y más conexión con los problemas reales del país.

8. Usted propone modernizar los postgrados e incorporar modalidades híbridas. ¿Cómo se puede flexibilizar la oferta sin perder rigor académico?

Flexibilizar no significa bajar estándares. Significa adaptar la oferta a las necesidades reales de quienes estudian, trabajan, investigan o vienen desde regiones y otros países.

Los postgrados deben ser exigentes, pero también compatibles con la realidad profesional actual. Eso supone programas mejor estructurados, modalidades híbridas bien diseñadas, cursos intensivos, módulos articulados, mayor uso de tecnologías y una oferta más conectada con los desafíos del ejercicio profesional y del servicio público.

El rigor se protege con buenos profesores, objetivos claros, evaluaciones exigentes, calidad académica, seguimiento permanente y coherencia curricular.

La Escuela de Postgrado debe modernizarse para ser más atractiva, más internacional y pertinente, sin perder aquello que distingue a la Universidad de Chile: seriedad académica, pensamiento crítico y vocación pública.

9. Su programa plantea crear una unidad de apoyo para proyectos de investigación. ¿Cómo evitará que la investigación quede guiada solo por la búsqueda de financiamiento externo?

Hoy la Facultad cuenta con una Dirección y una Política de Apoyo a la Investigación muy potentes y que nos ha posicionado en los primeros lugares de los principales rankings, como el Scimago y QS.

Mi propuesta busca no solo cuidar lo que se ha hecho, sino potenciar la investigación en la Facultad y dar un salto a la investigación colectiva e internacional mediante incentivos concretos, de manera de no depender solo del financiamiento externo, que hoy está cada vez más tensionado.

10. ¿Cómo protegería las líneas de investigación críticas, teóricas o de largo plazo que no siempre reciben financiamiento inmediato?

En la Facultad contamos con líneas de investigación consensuadas y revisadas por una comisión y aprobadas por el Consejo de Facultad cada dos años. En ellas siempre se ha buscado incorporar y priorizar líneas de investigación críticas, teóricas o de largo plazo, independientemente de la existencia o no de financiamiento inmediato. Lo importante, es que las líneas que se fijen estén conectadas con la realidad y las necesidades efectivas del país.

11. La internacionalización es uno de los ejes de su programa. ¿Cómo hará para que beneficie también a estudiantes y docentes, y no solo a un grupo reducido de académicos?

La internacionalización debe dejar de depender sólo de redes personales o iniciativas aisladas. Tiene que transformarse en una política institucional y formar parte de nuestros procesos de evaluación y calificación académica.

Eso significa ampliar oportunidades para estudiantes, académicos y también para quienes hoy tienen menos acceso a experiencias internacionales. Debemos fortalecer intercambios, pasantías, moots, seminarios, congresos, cursos conjuntos, profesores visitantes, movilidad académica y redes de investigación.

También debemos usar la tecnología para internacionalizar la experiencia formativa sin que todo dependa de viajar. Cursos híbridos con profesores extranjeros, seminarios internacionales y proyectos colaborativos pueden abrir nuevas oportunidades.

La internacionalización debe tener sentido estratégico: mejorar la formación, fortalecer la investigación, ampliar horizontes y proyectar a la Escuela como un actor relevante en América Latina y el mundo.

12. Usted propone fortalecer la participación y elaborar un nuevo Plan de Desarrollo Institucional. ¿Qué mecanismos concretos usará para que la comunidad tenga una incidencia real?

El nuevo Plan de Desarrollo Institucional debe ser construido con participación efectiva y con impacto en la gestión. Y así se ha efectuado en los dos procesos que hemos llevado a cabo en la Facultad. En el primero de ellos, se conformó una comisión electa por el claustro y en el segundo, una comisión designada por el Consejo de Facultad.

Para eso propongo reactivar la designación de una comisión representativa, con participación de académicos, estudiantes y personal de colaboración, apoyada técnicamente por la unidad de gestión institucional. Pero, además, el proceso debe tener etapas claras: diagnóstico, deliberación, priorización, formulación de objetivos, definición de indicadores y seguimiento.

La participación debe incidir en decisiones concretas: prioridades presupuestarias, objetivos estratégicos, políticas académicas, infraestructura, bienestar estudiantil, investigación, postgrado e internacionalización.

No se trata sólo de escuchar. Se trata de construir un plan que comprometa a la comunidad y que después pueda ser evaluado con transparencia.

13. Usted ha trabajado tanto en la academia como en la política pública. ¿Cómo entiende el vínculo que debe existir entre la Facultad, el Estado y los grandes problemas del país?

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tiene una relación histórica con el Estado y con la construcción institucional del país. Esa relación no debe entenderse como dependencia del poder político, sino como responsabilidad pública.

La Escuela debe formar abogados y abogadas capaces de servir al país desde distintos espacios: el Estado, la judicatura, la academia, la sociedad civil, el ejercicio privado y los organismos internacionales. Pero también debe producir conocimiento que ayude a enfrentar problemas públicos complejos.

Mi experiencia en la academia, en el servicio público y en el sistema de justicia me ha mostrado que el Derecho no puede encerrarse en sí mismo. Debe dialogar con la realidad y las necesidades del país.

La Escuela debe ser un puente entre conocimiento jurídico riguroso, instituciones democráticas y soluciones concretas para Chile.