Contraloría · página 11

También se refiere a los alcances sobre los aguinaldos y otros beneficios de quienes se desempeñan en el Estado.

Presidente de la República cuenta con la atribución excepcional de establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la que puede delegar total o parcialmente, en el Jefe de la Defensa Nacional, a través del correspondiente decreto que así lo disponga de manera previa y expresa.

Todo personal que compone la Administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.

No obstante, los SLEP no podrán efectuar nuevas contrataciones regidas por el Código del Trabajo.

Si bien ambos son órganos de participación ciudadana, los Consejos Locales de Educación Pública forman parte de la organización interna de los SLEP y, además, su integración es diferente a aquella contemplada para los Consejos de la Sociedad Civil.

Señaló que el organismo direccionará sus labores a los temas que actualmente más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas.

Tras múltiples denuncias recibidas de actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, el órgano contralor solicitó a una serie de instituciones públicas que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir, evitar y sancionarlas, a fin de resguardar la seguridad, salubridad y salud públicas.

La entidad omitió la publicación de la convocatoria a través de un aviso publicado en un diario de circulación nacional, situación que infringe el citado reglamento y las bases y, por tanto, no permite adjudicar dicho concurso sin su cumplimiento.

Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.

El registro consiste en una mera anotación material o constancia de la dictación del acto administrativo de que se trata y no configura en sí mismo un control preventivo de legalidad, por lo que el documento exento produce todos sus efectos desde su emisión, independientemente del señalado registro, debiendo concluirse que su validez y eficacia no se subordina a ese trámite.

No existe inconveniente en usar la vía electrónica para que los recursos presentados puedan ingresarse fuera del correspondiente horario de atención de público, en la plataforma contemplada al efecto.

El secretario municipal deberá objetar la constitución de una junta de vecinos si advierte que ésta no cumple con las exigencias previstas, entre las que se encuentra que las personas que la conforman residan efectivamente en la unidad vecinal, y de no ser subsanadas en el término de noventa días, caducará la personalidad jurídica de la organización vecinal.

Si un empleado ha sido detenido o sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausenta del servicio, no puede percibir remuneración, pero si el proceso aludido termina por absolución o sobreseimiento definitivo, procede el pago de dichas sumas.

Si bien el ámbito competencial en la atención de emergencias y desastres que rige a los gobernadores regionales es el territorio de su propia región, ello no obsta para que, en caso de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública así lo resuelva, ellos sean convocados a participar de la instancia nacional, en los términos ya anotados.

No obstante, para el año 2024, las jefaturas de los servicios públicos pueden eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta un 20% de su dotación, teniendo preferencia para acceder al beneficio los funcionarios o funcionarias que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años o una persona con dependencia severa.

La pensión de gracia es una franquicia patrimonial de carácter excepcional, de pago periódico, no contributiva, que no se origina como consecuencia de una afiliación previsional, por lo que no puede ser considerada una pensión de régimen. Esta prerrogativa presidencial es esencialmente graciosa -de modo que, por ejemplo, puede decidir no otorgarla; puede concederse en las condiciones y por los plazos que esa autoridad estime pertinentes; y respecto de la cual, basta para su otorgamiento que se haya ponderado y determinado que se está ante un caso calificado y que el acto que la concede se encu

La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.

No consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones que deban registrarse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Lobby, por lo que la Contraloría General emitirá nuevas instrucciones sobre la materia.

Sostenedores de establecimientos técnico profesional son responsables del resguardo de la integridad de los alumnos que realizan este proceso necesario para la obtención del título de técnico nivel medio.

Los cursos y estadías de perfeccionamiento que aportan puntaje para la carrera funcionaria deben ser parte de un plan de formación reconocido por el Ministerio de Salud, estar incluidos en el programa de capacitación municipal, y cumplir con requisitos de asistencia mínima y aprobación de evaluaciones finales.

Si el funcionario decide participar del programa de acondicionamiento físico, se encuentra en la obligación de acreditar que está apto para realizarlo, acompañando para ello la pertinente certificación médica, la que deberá ser de su propio cargo, atendida la naturaleza voluntaria de tal determinación.

Si se acordare pagar la recompensa por denuncia de herencia deferida al Fisco, antes de expirar los plazos de prescripción de derechos de terceros a ella, el denunciante deberá comprometerse a devolver la suma percibida a título de galardón, aumentada en la misma proporción en que hubiere variado el ÍPC, si el Fisco se viera obligado a restituir la herencia, obligación que deberá garantizarse suficientemente en relación al interés del Estado y la capacidad económica del denunciante.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las interesadas de pedir la condonación o facilidades de pago, en virtud del artículo 67 de la ley N° 10.336.

Durante más de 20 años existió un funcionamiento compartido de sede social y jardín infantil, por lo tanto, al estar emplazado en un inmueble que no está destinado exclusivamente a la prestación del servicio educacional, el jardín infantil aludido queda excluida del traspaso.

Procede que se pague la totalidad del galardón aun en los casos de funcionarios que no se hayan desempeñado durante todo el año correspondiente, en la medida que cumplan los demás requisitos legales.

Las medallas fueron un obsequio de carácter protocolar, en el marco de la conmemoración de un acontecimiento histórico, siendo un acto ejecutado por el Presidente de la República quien, como Jefe de Estado, ejerció las potestades que le asisten para gobernar y conducir la política exterior.

Si bien la municipalidad se encuentra facultada para gestionar el personal de su dependencia, debe igualmente motivar sus actuaciones en los términos que la nutrida jurisprudencia de la Contraloría General y diversas sentencias de la Corte Suprema han establecido.

La Contraloría General determinó que los delegados presidenciales, tanto provinciales como regionales, pueden ejercer la autoridad para reclamar la devolución de inmuebles fiscales, no considerados bienes nacionales de uso público, que han sido ocupados por particulares.

El deber de fundamentación de los actos que afecten derechos de particulares no se cumple permitiendo que el interesado tenga acceso al expediente de calificación de invalidez. El afiliado tiene derecho a conocer los antecedentes de hecho y los fundamentos que motivan la decisión del organismo competente acerca de su invalidez.

No obstante, en la promoción del voto informado respecto de actos eleccionarios o plebiscitarios, no es posible emplear medios institucionales para favorecer a solo una de las opciones o candidaturas, por lo que el organismo deberá ajustar sus actuaciones.