Contraloría · página 12

Es la SMA la encargada de aplicar las sanciones que correspondan, ya sea que se trate de fiscalizaciones desarrolladas por la propia superintendencia o por otro organismo competente, y aun cuando tales procesos refieran a medidas que no hayan estado incluidas en los subprogramas establecidos por la Superintendencia.

La Contraloría General de la República cambia su criterio respecto de las modificaciones de contratos sujetos a la ley de compras públicas y al trámite de toma de razón, que ahora deben sujetarse al control previo de juridicidad.

Las solicitudes de pronunciamiento jurídico y de denuncias de particulares corresponde a una función que debe ser ejercida de acuerdo a una racional, eficiente e idónea administración de los recursos de Contraloría, por lo que es posible abstenerse o archivar presentaciones en determinados casos.

La resolución de estas solicitudes constituye una decisión de política exterior, que conlleva la ponderación de consideraciones relativas al manejo de las relaciones internacionales y que implica, de algún modo, en atención a las particularidades de cada caso, pronunciarse sobre la conducta de otro Estado u organización internacional.

La Contraloría General ha concluido que resulta armónico con el deber de los órganos públicos involucrados de actuar de manera coordinada y eficiente, con miras a satisfacer las necesidades públicas de que se trate, que quien sea responsable de pagar las obligaciones laborales y previsionales de contratos que emanan de convenios mandatos, sea el mandante.

Si un empleado es nombrado para un cargo incompatible, al asumirlo cesará por el solo ministerio de la ley en su anterior plaza, sin perjuicio de las excepciones que la ley prevé.

Los funcionarios nombrados por Alta Dirección Pública que concluyen su período legal en cargos de segundo nivel jerárquico pueden hacer valer el principio de confianza legítima basándose en el tiempo que prestaron servicios a contrata en el mismo servicio, en el periodo inmediatamente anterior a su designación.

Las políticas de paridad de género pueden concretarse a través de instrumentos que le otorguen mayor puntaje o prioridad a estas últimas, para acceder a recursos en el marco de un proceso concursal

Personal que compone la Administración del Estado, está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.

El alcalde debe requerir el acuerdo del concejo para condonar y entregar las facilidades que contempla la ley, por lo que cada municipalidad, en su calidad de corporación autónoma de derecho público, podrá determinar de qué manera se ejercerá la atribución.

El grado o nivel remuneratorio asignado a un empleo dice relación con la importancia de la función que le corresponderá desarrollar al empleado que ocupe esa plaza, de lo que se sigue que el referido grado o nivel remuneratorio es el elemento que determina el nivel jerárquico del funcionario.

DGA tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas -en razón de la protección que debe brindar a las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas.

La tramitación electrónica será la regla general una vez que entren en vigor la totalidad de las modificaciones introducidas a la ley N° 19.880 por la ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado, que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos.

Las características de los proyectos a concesionar constituyen un aspecto de mérito que compete ponderar a la Administración conforme a los antecedentes de la situación específica de que se trate y a la normativa aplicable en cada oportunidad.

Cumpliendo los demás requisitos legales para acceder al beneficio, relativos a la especialidad y registro correspondiente, no es relevante diferenciar si el profesional se desempeña como director, jefe de programa, o realiza atención directa de pacientes.

Por tanto, corresponde considerar el tiempo servido por un profesional en calidad de encargado de convivencia escolar para efectos de proceder a los 3 los años necesarios para acceder a la titularidad docente de profesores contratados a plazo fijo.

Si una zona es declara con escasez hídrica, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia.

Si a menos de 100 metros de distancia del lugar en el que se pretende instalar un local de expendio de alcohol no se ubica un establecimiento educacional, debe concederse la patente de alcoholes, si se cumplen los demás requisitos.

El legislador permite al servidor de menor jerarquía permanecer en el servicio, pero en una unidad en que no se dé una relación jerárquica entre ambos.

Aborda aspectos sobre el ejercicio del permiso especial creado por la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.

Las municipalidades se encuentran en el imperativo de solicitar a Carabineros el informe de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, a fin de adquirir dicha certeza.

El monto del permiso de circulación comprende todos los servicios anexos que prestan las municipalidades y, por tanto, en su liquidación y giro no se debe considerar valor alguno que lo incremente.

Los recursos municipales solo pueden ser usados para cumplir los fines institucionales, no siendo el traslado de los funcionarios con discapacidad un elemento indispensable que contribuya al normal desarrollo de los cometidos municipales. Sin perjuicio, como medida de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, puede implementar un sistema de otorgamiento del beneficio a través del servicio de bienestar.

Tal gestión financiera no está vinculada a los fines específicos para los cuales fueron transferidos.

Inhabilidad de ingreso a la Administración, por haber sido calificado en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia.

l plazo para eliminarlos queda sujeto a la normativa contenida en la ley N° 19.628, la que impide la utilización de antecedentes para fines distintos a los previstos para su recolección y ordena la eliminación de estos cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal.

No se autorizó a la Dirección del Trabajo eliminar los documentos señalados, aun cuando se encuentren previamente digitalizados, si la Contraloría no ha procedido a revisarlos.

Dichos recursos los percibe el INC en cumplimiento de su función pública, de modo que se deben incorporar al presupuesto del sector público.

La ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que crea el mencionado Fondo, contiene normas de orden público, las que, por ende, deben ser interpretadas restrictivamente.

La labor de investigador o fiscal instructor en un procedimiento disciplinario no debe ser realizada únicamente por un funcionario abogado, sino que basta que sea un servidor público con igual o mayor grado o jerarquía que quienes se investigan.