Expresión “bienes del Estado” tiene un sentido amplio.

Delegados presidenciales provinciales y regionales cuentan con atribuciones para exigir la restitución administrativa de los inmuebles fiscales recurriendo incluso al uso de fuerza pública.

La Contraloría General determinó que los delegados presidenciales, tanto provinciales como regionales, pueden ejercer la autoridad para reclamar la devolución de inmuebles fiscales, no considerados bienes nacionales de uso público, que han sido ocupados por particulares.