Justicia española fija criterios para proteger derechos de personas internadas por problemas de salud mental

El Tribunal Constitucional de España declaró por unanimidad que se vulneró el derecho a la libertad personal de una persona sometida a una ratificación judicial de internamiento urgente y no voluntario por razones de salud mental. El pronunciamiento precisa y actualiza las garantías constitucionales relativas al derecho de defensa, al deber de brindar información adaptada y al alcance de la asistencia jurídica prestada por el Ministerio Fiscal.

En la instancia judicial previa, se acordó validar la medida de internamiento de urgencia y designar a la representación fiscal para asumir la defensa jurídica de la persona. Esta designación se sustentó en la valoración de que la persona afectada no se encontraba en condiciones de comprender los antecedentes sobre su derecho a designar un abogado de confianza. Sin embargo, la intervención de la fiscalía se limitó a la emisión de un informe final sobre la procedencia de la medida.

Al analizar el caso, el tribunal estableció que la obligación legal de informar sobre la situación material y procesal, así como sobre los derechos, debe ejecutarse con los ajustes necesarios para garantizar la comprensión real de la persona. Estas adecuaciones comprenden la participación de terceros y el traslado de la información a familiares o personas que presten apoyo formal o informal.